Las agencias federales han tenido que suspender sus operaciones desde que el Congreso no aprobó el presupuesto después del 30 de septiembre. Así, el cierre del gobierno ha durado 39 días e incluso llegó al cuadragésimo porque el Congreso no se reunió durante el fin de semana.
El cierre del gobierno ha dejado a millones de trabajadores sin cobrar, paralizado los sistemas de transporte y provocado escasez de alimentos. Los derechos de los ciudadanos estadounidenses a viajar, trabajar o visitar a sus familias también se han visto afectados, con una reducción del 10 por ciento en los vuelos nacionales desde el 7 de noviembre debido a la falta de fondos para pagar al personal aeroportuario y a los controladores aéreos. Más de 60 mil empleados de control de tráfico aéreo y de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajan actualmente sin cobrar. El administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, anunció que los recortes afectan a 40 rutas de alto tráfico en todo el país.
Según el servicio de seguimiento FlightAware, más de 10 mil vuelos fueron cancelados o retrasados el pasado fin de semana. A finales de octubre, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, informó que el cinco por ciento de los retrasos y cancelaciones se debía a la falta de personal, cifra que ha aumentado hasta superar el 50 por ciento.
Los programas de bienestar social también salen perjudicados. Decenas de millones de beneficiarios de ayuda alimentaria encaran el riesgo de pasar hambre. Según las regulaciones, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Estados Unidos proporciona alimentos mensualmente a las personas con ingresos inferiores al 130 por ciento del umbral de pobreza federal. En la actualidad, unos 42 millones de personas se benefician de esta ayuda, que asciende a 298 dólares per cápita.
Aunque esa es una tabla de salvación para quienes viven en situación económica precaria, la prolongación del cierre gubernamental los ha dejado sin dinero para comprar los alimentos diarios. Preocupado por la situación, el juez John McConnell, del estado de Rhode Island, emitió una orden judicial que obliga a la Administración del presidente Donald Trump a pagar la totalidad de la ayuda alimentaria a los 42 millones de beneficiarios. El magistrado también bloqueó el plan de la Casa Blanca de ofrecer solo una parte del subsidio debido al cierre del gobierno.
Tras el fallo McConnell, el gobierno presentó una apelación y responsabilizó a los demócratas del Senado de la paralización del programa de asistencia alimentaria al rechazar 14 veces el proyecto de presupuesto temporal presentado por el Partido Republicano para poner fin al cierre gubernamental.
El juez desestimó el argumento y declaró inaceptable que el conflicto entre demócratas y republicanos afectara la vida de 42 millones de necesitados. Aunque el gobierno lleva cerrado casi 40 días, ambos partidos siguen sin ceder en la cuestión de extensión de los subsidios de seguro médico para 24 millones de estadounidenses.
Los demócratas afirman que solo votarían a favor de poner fin al cierre si los republicanos se comprometen a prorrogar dichos subsidios, que están próximos a expirar, para que millones de ciudadanos puedan pagar su atención sanitaria.
Por su parte, los republicanos sostienen que únicamente abordarán la cuestión del seguro médico cuando los demócratas aprueben el proyecto de presupuesto temporal para reabrir el Gobierno.
Algunos legisladores demócratas están aprovechando su abrumadora victoria en las elecciones estatales de Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, celebradas el 4 de noviembre, como moneda de cambio para presionar a los republicanos a negociar. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, aunque se mantiene firme en su postura, también ha instado al presidente Donald Trump a dialogar.
