La derogación de la Ley César de 2019, que impuso duras sanciones contra Siria como parte de un amplio paquete de proyectos de ley de defensa, recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, seguido por el del Senado con 77 votos a favor y 20 en contra. Esta decisión, respaldada mayoritariamente por ambas cámaras, supone allanar el camino para la reactivación de las inversiones en el país de Oriente Medio, que sufre graves daños tras años de conflicto.
En una inmediata respuesta, el Gobierno sirio apreció el gesto de Washington como un punto de inflexión después del dilatado aislamiento. Aunque antes el presidente estadounidense Donald Trump había suspendido varias sanciones contra Siria a instancias de Arabia Saudí y Turquía, Damasco había pedido en repetidas ocasiones la supresión total de las medidas punitivas por temor a que su mantenimiento, incluso de forma nominal, pudiera disuadir a los inversores internacionales debido a los riesgos legales.
El voto del Congreso estadounidense a favor del levantamiento de las sanciones ha sido definido por Damasco como “el comienzo de nuevos horizontes para la cooperación entre Siria y la comunidad internacional”.
La economía del país está devastada, la infraestructura gravemente destruida y millones de ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de 13 años de guerra civil. Por añadidura, las sanciones exacerbaron la crisis humanitaria y limitaron el acceso a capital, el comercio y recursos para la reconstrucción.
Se espera que la eliminación de las restricciones canalice las inversiones extranjeras, restaure el comercio y motive a cientos de miles de refugiados sirios a repatriarse cuando las perspectivas de vida sean más prometedoras.
La decisión de Washington se valora como un paso decisivo hacia la estabilidad a largo plazo en Siria, ya que las repatriaciones serán fundamentales para la reconstrucción y recuperación del país.
También marca un ajuste significativo de la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio. Adoptada en un cambiante acontecer regional, la medida refleja la postura de Washington frente a los crecientes desafíos estratégicos globales, por ejemplo, el orden de prioridades en la política exterior. Al liberarse de la carga de interferencia en Siria, el país norteamericano puede concentrar mejor sus recursos en otros “perfiles estratégicos”, que abarcan desde Europa hasta el Indo-Pacífico y América Latina.
Propicia, igualmente, que Siria se libre gradualmente del aislamiento y comience a reinsertarse en la región, especialmente ahora que algunos países árabes han mostrado su voluntad de normalizar sus vínculos con Damasco. Con más canales económicos y diplomáticos, Siria podrá diversificar sus relaciones exteriores y movilizar recursos para la reconstrucción y el desarrollo.
Si bien implica importantes oportunidades para la recuperación económica y la mitigación de la crisis humanitaria en Siria, la decisión de Estados Unidos no es una panacea. Su eficacia depende de si el cese de las sanciones va seguido de un proceso sostenible de reconciliación, estabilización y reconstrucción. La respuesta no solo radica en el compromiso y la determinación de Damasco, sino también en el acompañamiento de la comunidad internacional una vez surta efecto el citado cambio de políticas.
