Esta medida, considerada exagerada, ha recibido la comprensión de algunos observadores, quienes describieron el reciente tiroteo de un inmigrante afgano contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca como "la gota que colma el vaso".
La medida sirve para restablecer la estabilidad del sistema de gestión de inmigración en Estados Unidos, que soporta una gran presión de la opinión pública nacional, indicó el mandatorio en la red social X. Muchos ciudadanos lo aplauden por creer que es es por su propia seguridad.
Además de poner fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos en Estados Unidos, el presidente Trump amenazó con revocar la ciudadanía a los inmigrantes naturalizados que perjudiquen el “orden estadounidense” y deportar a cualquiera que no sea un activo neto para el país, comporte riesgos en materia de seguridad o sea incapaz de integrarse a la sociedad.
Aunque ningún país fue citado ni se esclareció el concepto de “países del tercer mundo”, se evidencian la actitud dura y la resolución del mandatario sobre la cuestión migratoria, incluso si se trata de casos amparados por la tarjeta de residencia permanente (tarjeta verde) desde el mandato de su predecesor, Joe Biden.
El último tiroteo, perpetrado contra dos soldados estadounidenses de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington, fue cometido por un sospechoso de nacionalidad afgana que ingresó en Estados Unidos en 2021 a través del programa de reasentamiento.
Este incidente motivó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decretara una suspensión inmediata e indefinida del procesamiento de solicitudes migratorias para nacionales afganos.
El presidente Trump confirmó la muerte de la soldado Sarah Beckstrom y que su compañero se encuentra en estado crítico. Ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional que revise minuciosamente los asilos aprobados bajo la presidencia de Biden y que reevalúe las tarjetas verdes emitidas a personas de 19 países considerados de preocupación.
El director del USCIS, Joseph Edlow, ha exigido una revisión exhaustiva y rigurosa de las solicitudes de tarjeta verde de los 233 mil refugiados admitidos en Estados Unidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
Aunque no detalló el listado de países sometidos a indagación, insinuó que son los 19 afectados por la prohibición de inmigración del presidente Trump en junio último, entre ellos Afganistán.
La administración de Trump recientemente requirió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ampliar la lista de países con restricciones de viaje a más de 30. Desde comienzos de su segundo mandato en enero de 2025, el mandatario insiste en dar un duro tratamiento al tema de la migración.
El cupo de admisión de refugiados, establecido a finales de noviembre pasado y limitado a siete mil quinientos, es el más bajo de la historia del país norteamericano. Además, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 80 mil visados de no inmigrantes emitidos desde el 20 de enero de 2021 por violaciones de la ley, como conducir en estado de ebriedad, agresión y robo.
También se ha implementado un proceso de aprobación de visados más estricto, en paralelo con la vigilancia de las redes sociales y un mayor control de seguridad, particularmente para quienes preocupen al Gobierno.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la cancelación de visados a miles de personas se debe a su implicación en actividades consideradas perjudiciales para los intereses del país.
Entretanto, los diplomáticos estadounidenses acreditados en el extranjero han recibido instrucciones de sopesar con prudencia a los solicitantes de visa sospechosos de ser hostiles o tener antecedentes políticos incompatibles con Washington. A juicio de observadores, esta discreción está justificada.
