La Unión Europea (UE) ha iniciado oficialmente el proceso de imponer un impuesto al carbono a los bienes importados a partir de principios de octubre de 2023. Según el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (MAFC) del bloque, todos los bienes exportados a este mercado de más de 500 millones de habitantes estarán sujetos a un impuesto al CO2 basado en la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de producción en el país exportador. Este primer mecanismo relacionado con la imposición sobre las emisiones de carbono causó opiniones encontradas.
Según la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, algunos miembros de la organización consideran los impuestos transfronterizos al carbono como una medida proteccionista. Numerosos países se enfrentan a dificultades porque no disponen de las herramientas necesarias para fijar el precio del contenido de carbono en los bienes exportados. Por lo tanto, la OMC decidió desarrollar un método global de tarificación del carbono, aplicable por todas las naciones, para garantizar la competitividad de los países en desarrollo.
Antes, en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), Canadá lanzó una iniciativa de fijación de precios del carbono en todo el mundo. A través de la idea, los países miembros comparten información y experiencias para apoyar la implementación de herramientas de tarificación del carbono, hacia el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050.
Hasta el momento participan en la iniciativa cerca de 10 países, entre ellos Noruega, Chile, Nueva Zelanda, Dinamarca, Reino Unido, Corea del Sur y Alemania. La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, enfatizó que la fijación del precio del carbono es una solución para garantizar la equidad en la respuesta al cambio climático.
De acuerdo con los expertos, la fijación de precio del carbono atrae la atención de los países porque se considera una herramienta para controlar la contaminación ambiental. Según el Banco Mundial (BM), solo en 2022 se recaudó una cifra récord de 95 mil millones dólares por emisiones, frente a los 84 mil millones del año anterior.
Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE ha ayudado a reducir un 35 por ciento de las emisiones del bloque a partir de 2005, así como generar más de 152 mil millones de euros.
La tarificación del carbono también es un instrumento importante con que los países procuran lograr un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico. En un reciente informe del Monitor Fiscal, el FMI señaló que si solo se depende de las actuales medidas de gasto para cumplir los objetivos climáticos, la deuda pública mundial podría subir hasta un monto equivalente a la mitad del Producto Interno Bruto a mediados de este siglo.
Por lo tanto, el despliegue del paquete de políticas, como el comercio de créditos de carbono y la tributación del carbono, paliará significativamente los impactos largoplacistas del proceso de transición climática sobre la deuda pública de los gobiernos.
Aunque es una meta compartida por numerosos países y entidades internacionales, la tarificación del carbono encara obstáculos. Según el BM, los precios de emitir gases de efecto invernadero en la mayoría de las regiones del planeta son aún inferiores a los niveles requeridos para acelerar cambios que posibiliten el Acuerdo climático de París firmado en 2015.
Además, se observa una gran brecha de precios del carbono en los mercados de la UE, Estados Unidos y los países en vías de desarrollo. El FMI recomendó cobrar 75 dólares por tonelada de emisiones para finales de la actual década, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula hasta 147 dólares para crear una fuerza motriz económica hacia las emisiones netas cero en 2050.
Otra brecha es la del desigual desarrollo de las economías, un reto colosal a la hora de alcanzar el consenso de todos los países sobre un precio global y equitativo del carbono.
Climatólogos opinan que hace falta reducir casi la mitad de la contaminación del carbono dentro de diez años para acercar al objetivo de limitar el calentamiento global y evitar los fenómenos meteorológicos extremos.
Sin embargo, según Glen Peters, director del Centro para la Investigación Internacional del Clima de Oslo (Noruega), las emisiones tienden al alza y este año aumentarán de 0,5 a 1,5 por ciento, un nuevo récord.
En tal coyuntura, la fijación de precios del carbono a nivel global se torna más urgente que nunca, pues ayuda a los países a acelerar el ritmo de transición verde y disminuir las emisiones causantes del efecto invernadero.
