La flexibilización de las medidas preventivas contra la pandemia coincidió con el debilitamiento de muchas economías europeas debido al Covid-19 y el conflicto en Ucrania. Como destino soñado por los migrantes, Europa siempre ha tenido que lidiar con el problema de los refugiados, que también es un tema que divide a la UE. La cantidad de solicitudes de asilo en esa región se ha disparado. En 2022, casi un millón de pedidos se presentaron en los 27 estados miembros del bloque, junto con Suiza y Noruega.
En comparación con el 2021, esa cifra aumentó un 50 por ciento y fue el nivel más alto registrado desde el 2016. Sirios y afganos constituyen la mayoría de los solicitantes de asilo que ingresan a la UE al representar alrededor del 25 por ciento de las solicitudes, seguidos por los de Turquía, Venezuela, Colombia, Bangladés, Georgia, India, Marruecos, Túnez, Nigeria y Somalia.
Cabe destacar que la cantidad de menores no acompañados registró el nivel más alto desde 2015, con 43 mil. Los ciudadanos ucranianos no están incluidos en la lista ya que gozan de un estatus de protección temporal.
La creciente migración ilegal es un gran desafío que requiere una respuesta continental. Los dirigentes de la UE urgieron a la Comisión Europea (CE) a movilizar de inmediato fondos para proteger las fronteras extrarregionales a través del fortalecimiento de las infraestructuras y los medios de vigilancia.
En una reciente cumbre de la UE, los líderes del bloque coincidieron en aplicar las regulaciones más estrictas para controlar la inmigración ilegal, incluidas las deportaciones de aquellos a quienes se les denegaron las solicitudes de asilo. Un país miembro del bloque puede invocar un fallo emitido por un tribunal del otro para expulsar a migrantes ilegales a su país de origen, lo cual ayuda a evitar que estos soliciten asilo en otro país después de haber sido rechazados por el primero.
Esas acciones se toman después de que los miembros de la UE pidieran a la CE pagar el costo de las vallas fronterizas reforzadas para impedir el paso de los migrantes ilegales. Argumentaron que los países cubrirán con sus presupuestos la construcción de barreras si la CE paga la instalación de cámaras, torres de vigilancia y otras obras de infraestructura a lo largo de las respectivas fronteras. Sin embargo, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, reiteró que los fondos del bloque no se destinan a tales medidas.
Hasta momento, la UE recibió a millones de personas desplazadas por los conflictos en Ucrania, Siria y Afganistán, mientras ha tramitado solicitudes de asilo de ciudadanos Bangladesh, Turquía y Túnez y muchos de estos no podían acogerse al estatuto de refugiado. De acuerdo con estadísticas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, solo en 2022 los cruces ilegales hacia la UE ascendieron a 330 mil, la cifra más alta desde 2016.
Mientras, los miembros de la UE siguen divididos en asuntos como la responsabilidad de recibir inmigrantes ilegales y las obligaciones de apoyarlos. Numerosos países abogan por un enfoque más estricto de la política de asilo. Otros como Alemania, que dependen en gran medida de los trabajadores migrantes, están más preocupados por los beneficios de los migrantes y los refugiados, y se niegan a construir una barrera, ni quieren ejercer presión retirando ayudas al desarrollo o visados a los países de origen de los inmigrantes.
Los desacuerdos derivados del control de los flujos de refugiados hacia Europa obligan a la UE a seguir buscando soluciones a este complejo problema.
