De acuerdo con el secretario general de la ONU, António Guterres, debido al impacto de la pandemia de Covid-19, la escalada de los precios de los alimentos y de los combustibles, la inflación y la crisis financiera, la deuda externa de los países pobres creció considerablemente en la última década.
En los dos últimos años, varios países se han declarado en default y naciones africanas como Nigeria, Malí y Burkina Faso han perdido hasta 20 años de desarrollo. El impago de la deuda empuja a esos Estados a una espiral de violencia política y malestar social, debido a la falta de servicios esenciales, la inseguridad y los insuficientes servicios médicos y educacionales.
Según el Banco Mundial, la deuda oficial a pagar por los países más pobres del mundo aumentó 35 por ciento con respecto a 2021. La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estimó que si el aumento medio de las deudas soberanas calificadas desde 2019 se reflejara completamente en los pagos de intereses, entonces los gobiernos pagarían 1,1 billones de dólares adicionales sobre el saldo de la deuda mundial en 2023.
Dicha suma más que cuadriplica las inversiones estimadas anuales de 250 mil millones de dólares en adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo.
El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, llamó a tomar medidas urgentes en apoyo a 52 países en crisis debido a la deuda y con riesgo de incumplimiento. Según el funcionario, 25 de 52 países con problemas de deuda gastando hasta la quinta parte de los ingresos públicos solo en saldar sus deudas.
Steiner enfatizó que la situación en estos países en desarrollo es muy grave, porque los 52 países, que representan más del 40 por ciento de las personas más pobres del mundo, están muy endeudados o muy cerca del incumplimiento.
La ONU está especialmente preocupada por la reestructuración de la deuda en medio de una serie de crisis mundiales que han obligado a varias naciones en desarrollo a endeudarse. En diciembre de 2022, la 13 Conferencia de Gestión de la Deuda presidida por la UNCTAD en Ginebra (Suiza) atrajo a líderes de numerosos países.
Además, el PNUD publicó el 22 de febrero una nueva directriz, según la cual las economías en desarrollo podrían ahorrar cientos de miles de millones de dólares si el mundo se compromete a reestructurar la deuda existente y ampliar el acceso a recursos financieros razonables.
El PNUD instó a los acreedores a condonar el 30 por ciento de las deudas contraídas en 2021 por 52 economías en dificultades, incluidas Argentina, Líbano, Ucrania, 23 países de África subsahariana, 10 de América Latina y el Caribe y ocho de Asia oriental y el Pacífico.
Sin embargo, los esfuerzos por resolver el problema de la deuda mundial continúan encarando obstáculos. La deuda pública mundial fue una de las razones por las que la Conferencia de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo de las Principales Economías Desarrolladas y Emergentes del Mundo (G20) finalizó en India el 25 febrero sin una declaración conjunta.
Según la evaluación de las economistas, si una economía en desarrollo se endeuda con un interés del 12 al 14 por ciento y gasta más del 20 por ciento de sus ingresos cada año solo para pagar la deuda, claramente no puede alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o los compromisos contraídos en el Acuerdo de París sobre cambio climático.
El PNUD también instó a los países a resolver los problemas relacionados con la creciente brecha entre los ricos y los pobres, así como cambiar el panorama multilateral y crear una estructura de deuda adecuada para el contexto mundial actual.
Sin medidas urgentes, muchos países se verán abocados al endeudamiento y al impago, incapaces de invertir en proyectos contra la pobreza, la transición energética o la mitigación del cambio climático, y el objetivo global de un desarrollo sostenible conjunto corre el riesgo de derrumbarse.
