En una reciente intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, instó al despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz para escoltar de forma regular los convoyes de ayuda humanitaria hacia zonas necesitadas como Sudán y la Franja de Gaza. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad del personal involucrado en la labor y mantener la cadena de distribución de asistencia. Esta petición se produce apenas dos semanas después de que un convoy de la ONU sufriera un ataque en Sudán que se cobró la vida de cinco trabajadores humanitarios.
Intrépidos de cara a las adversidades y el peligro, los trabajadores de asistencia humanitaria son conocidos como "emisarios de la paz". Están siempre comprometidos con la noble misión de brindar auxilio urgente a las poblaciones en crisis. Sin embargo, su vida pende cada vez más de un hilo debido a la escalada de conflictos y violencia.
Según la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, alrededor de 280 miembros de ese contingente fallecieron en 33 países en 2023. A finales de 2024, más de cien Estados miembros de la ONU promulgaron una declaración conjunta en la que instaban a proteger al personal humanitario y subrayaban que su trabajo y dedicación son esenciales para aliviar el sufrimiento de millones de personas.
Paralelamente, la asistencia humanitaria global enfrenta una grave deficiencia financiera. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, para este año se han solicitado 29 mil millones de dólares solidarios, una cifra relativamente inferior a los 44 mil millones propuestos en diciembre de 2024. Desde principios de 2025, la ONU solo ha recaudado 5,6 mil millones de dólares. Una de las principales causas de esta situación es el recorte de las contribuciones de los donantes tradicionales, especialmente Estados Unidos.
La escasez de recursos ha obligado a las organizaciones filantrópicas a tomar decisiones difíciles, como reducir su plantilla y priorizar los problemas más urgentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados anunció que tenía que prescindir de cerca de tres mil 500 puestos de trabajo, lo que supondría una reducción estimada del 30 por ciento en los costes de personal. Los presupuestos limitados también han obligado a las entidades a reducir el alcance de sus programas de asistencia. En lugar de ayudar a 180 millones de personas en 2025, como estaba previsto inicialmente, la ONU solo podrá ayudar a 114 millones. Su prioridad serán las regiones clasificadas en los niveles 4 o 5 de crisis, es decir, aquellas que se encuentran en condiciones humanitarias "extremas o catastróficas".
Las organizaciones humanitarias no afiliadas a la ONU también ven reducidos sus fondos. El Consejo Noruego para los Refugiados, una de las mayores agencias de ayuda del mundo, se vio obligado a suspender sus operaciones en casi 20 países, incluido Afganistán, en febrero pasado, y a despedir a un número considerable de empleados.
Ante dicha doble crisis, se considera inevitable una profunda reforma de la ONU para reducir los costes de funcionamiento. Entre las medidas propuestas se encuentran la racionalización de la estructura, la eliminación de la superposición de tareas y el traslado de sedes y oficinas a zonas más baratas. Es evidente que, sin la labor de los trabajadores humanitarios, los esfuerzos por abordar conflictos y crisis serán aún más complicados, por no hablar de la creciente demanda en numerosas regiones.
