La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé que en 2030 el valor económico de los océanos superará los tres billones de dólares, lo que convertirá a la economía oceánica en la quinta mayor del mundo.
Los océanos también actúan como escudo protector de la vida en la Tierra, ya que absorben gran parte del exceso de calor causado por la quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, salvar los mares no solo significa salvar el ecosistema, sino también los medios de subsistencia de la humanidad.
A lo largo de los años, la comunidad internacional ha puesto un foco especial en la conservación del medioambiente, siendo consciente de ello.
En 2022 se aprobó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, cuyo objetivo es lograr que, para 2030, al menos un 30 por ciento de los ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva.
En 2023 fue adoptado el referido Tratado de Alta Mar, oficialmente Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional. Se trata de un punto de inflexión en la protección de ecosistemas marinos, ya que exige la creación de reservas en las que se limiten actividades como la pesca o la minería.
Aun así, el camino del compromiso a la acción es espinoso. Recientes investigaciones advierten que el objetivo global para 2030 de convertir un 30 por ciento de la superficie oceánica en zonas protegidas es más frágil que nunca.
Según Lance Morgan, director del Instituto de Biología de la Conservación Marina en Seattle (Estados Unidos), menos del 10 % de la superficie oceánica ha sido designada como área protegida y solo un 2,7 por ciento cuenta con una vigilancia rigurosa.
Asimismo, un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza revela que solo el 2,04 por ciento del mar en la región de la UE se ubican en reservas con planes específicos de gestión.
Tales modestos logros no son suficientes para atender la “salud” de los océanos. Si lo comprometido no se pone en prácticas en el menor tiempo posible, las áreas protegidas se reducirán a meros símbolos.
La sobreexplotación es solo una de las numerosas amenazas a las que están expuestos los océanos, que se están calentando a un ritmo sin precedentes al absorber más del 90 por ciento del calor redundante generado por los gases de efecto invernadero.
El calentamiento del mar, conforme al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se ha duplicado desde 1993, y la temperatura media de la superficie acuática alcanzó nuevos récords en 2023 y 2024. Aunque a principios de 2025 se observó una desaceleración, las temperaturas siguen siendo históricamente alcistas.
Las aguas calentadas han ocasionado daños devastadores a los ecosistemas, particularmente los coralinos, que no pueden migrar para escapar del calor. Científicos pronostican que si el planeta marca 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, del 70 al 90 por ciento de los arrecifes de coral podrían desaparecer este mismo siglo.
Lo más preocupante es que dicho umbral de calor podría superarse a principios de la década de 2030, o incluso antes. De momento, aproximadamente una cuarta parte de las especies marinas habita en los arrecifes de coral.
El deterioro o colapso del ecosistema coralino supone una amenaza para mil millones de personas, ya que dependen de los arrecifes para obtener alimentos, ingresos por servicios turísticos y protección contra las grandes olas y la erosión costera.
Los expertos coinciden en que la cuestión de proteger los océanos no puede solucionarse solo con los esfuerzos de un país, sino que requiere la colaboración de la comunidad internacional en su conjunto.
La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará la próxima semana en Francia, ofrecerá a los países la oportunidad de coordinar acciones y movilizar recursos para la conservación marina.
El país anfitrión se ha fijado el objetivo de aumentar de 28 a 60 el número de Estados que ratifiquen el Tratado de Alta Mar para ponerlo en práctica y marcar así un viraje en el intento de responder al grito de socorro de los océanos.
