A través de diez instrumentos, el pacto europeo busca combinar el refuerzo del control fronterizo con el mantenimiento del espíritu de solidaridad en la acogida de migrantes en el territorio europeo. Su aprobación, tras un proceso de negociaciones marcado por profundas divergencias, ha sido calificada como un "gran logro" y un "punto de inflexión" para Europa.
Sin embargo, ante la inminente entrada en vigor del pacto, aumenta el escepticismo sobre si esta nueva "maquinaria política" podrá afrontar realmente los desafíos históricos de la migración. Se trata de un tema particularmente sensible que, desde hace años, genera intensos debates políticos y ocupa un lugar central en las campañas electorales europeas.
Los avances y las limitaciones del proceso de preparación para la aplicación del pacto se reflejan de manera evidente en un reciente informe de la Comisión Europea (CE). El documento señala que los Estados miembros de la UE han logrado progresos significativos en la aplicación del nuevo marco jurídico.
Muchos países han comenzado a trasponer el texto a sus legislaciones y avanzan en la creación de mecanismos obligatorios de control fronterizo. Asimismo, la aprobación por parte de la UE de la primera Reserva Anual de Solidaridad supone un paso importante para poner en marcha los mecanismos de apoyo y cooperación entre los Estados miembros.
No obstante, la UE sigue siendo objeto de numerosas críticas. Las organizaciones de derechos humanos advierten de que la aceleración de los procedimientos de expulsión y repatriación podría poner en riesgo el acceso al asilo de las personas que huyen de la pobreza y los conflictos, pese a que tienen derecho a protección internacional. Según estas organizaciones, las medidas de reforma no son compatibles con los valores europeos de humanidad y dignidad humana.
Aunque el pacto busca equilibrar la carga migratoria entre los Estados miembros, difícilmente podrá aplicarse con facilidad sin el consenso de todos. El informe de la CE señala que el nivel de preparación entre los países sigue siendo considerablemente desigual. Las normas relativas a la responsabilidad de acogida y al traslado de solicitantes de asilo entre los países miembros deben completarse con urgencia. Ese fue uno de los puntos más controvertidos durante las negociaciones del pacto.
Grecia, España e Italia, que históricamente han sido las principales puertas de entrada de los flujos migratorios hacia Europa, deberán reforzar sus infraestructuras para atender las tareas de control y tramitación de expedientes en las zonas fronterizas. Debido a su posición geográfica estratégica, estos países se verán inevitablemente sometidos a una fuerte presión en la gestión y el control fronterizos.
El plan diseñado para gestionar las nuevas oleadas de inmigración irregular permite a Europa abordar la "cara visible" del problema, pero las causas de fondo siguen radicando en los conflictos y la pobreza de los países de origen. La escalada del conflicto en Oriente Medio preocupa a los países europeos ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria que podría aumentar la presión sobre los sistemas de seguridad y bienestar social.
Los líderes de Dinamarca e Italia recalcaron que el Viejo Continente no puede correr el riesgo de volver a la situación de entre 2015 y 2016, cuando cientos de miles de personas emigraron al continente, muchas de ellas huyendo del conflicto sirio.
El Pacto sobre Migración y Asilo demuestra que Europa intenta pasar a un enfoque más activo, marcando el inicio de una nueva etapa en la gestión migratoria. A largo plazo, sigue abierta la interrogante de si este plan será realmente eficaz y logrará sustituir las respuestas aisladas aplicadas antes por los Estados miembros, especialmente en un contexto geopolítico mundial que continúa siendo inestable y volátil.
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