Altos funcionarios de EE.UU. incluyendo el Secretario de Estado Antony Blinken, el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall, están en México para discutir con el presidente Andrés López Obrador la situación sin precedentes de la migración irregular a lo largo de la frontera compartida entre los dos países.
Su presencia sigue la conversación telefónica de López Obrador con su homólogo estadounidense, Joseph Biden. Los dos dirigentes convinieron en la necesidad urgente de adoptar medidas adicionales para reabrir los principales cruces fronterizos.
Se hicieron llamadas telefónicas y contactos después de que EE.UU. cerró puentes y puertas fronterizas para detener una afluencia récord de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México en busca del "sueño americano".
La inmigración ilegal y el narcotráfico transfronterizo se han vuelto una seria preocupación para los votantes estadounidenses. El portavoz de la Cámara, Mike Johnson, envió una carta a la Casa Blanca urgiendo al presidente Biden a tomar medidas para detener la inmigración ilegal en la frontera sur. Sugirió que el presidente negocie con México la restauración de un programa que obligue a los inmigrantes ilegales a quedarse en el país latinoamericano.
Los negociadores del Senado están discutiendo cambios en la frontera y el asilo. Los republicanos quieren estos cambios en la política de inmigración como condición para la aprobación del paquete de ayuda extranjera de 110,5 mil millones de dólares de los demócratas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó recientemente lo que se considera una de las leyes más duras en la historia de EE.UU. y dio a la policía estatal y local el poder de detener y deportar a los migrantes sin las debidas garantías procesales, a pesar de la feroz oposición. El presidente de México criticó duramente al estado de Texas por estas medidas.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo importante para reformar las políticas de migración y asilo después de negociaciones difíciles y prolongadas. España, que ostenta la presidencia rotativa de la UE, informó que el contenido del pacto consiste principalmente en duras contramedidas, como acortar el proceso de control de inmigrantes indocumentados, establecer centros de detención en la frontera, acelerar el proceso de deportación de los solicitantes de asilo rechazados y crear un mecanismo de solidaridad para reducir la presión sobre los países del sur del continente que se enfrentan a una ola de inmigración irregular.
La reforma se basa en una propuesta presentada por la Comisión Europea hace tres años, que mantiene el principio actual de que el primer país por donde ingresa un solicitante de asilo debe ser responsable de su caso. Sin embargo, para apoyar a países de primera línea ante la llegada de inmigrantes como Italia, Grecia y Malta, se estableció un mecanismo de solidaridad obligatorio para compartir la carga con estas naciones.
Esto significa que otros países de la UE aceptarán un cierto número de inmigrantes o aportarán apoyo financiero si se niegan a aceptar. Además, se acelerará el proceso de selección y control de los solicitantes de refugiados, de modo que los migrantes que no cumplan las normas pronto deberán ser repatriados o devueltos a los puntos de tránsito.
Durante muchos años, Estados Unidos y Europa se han enfrentado a una ola de migración ilegal que ahora ha aumentado drásticamente. Sin embargo, los analistas sostienen que las duras medidas adoptadas por estos países no han abordado la raíz del problema y que es necesario poner fin a los conflictos, eliminar la pobreza y crear medios de vida sostenibles para los inmigrantes.
