Al poder montarse en casa, las “armas fantasma” no están registradas, lo que impiden a las autoridades controlar y rastrear su origen. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en 2021 las fuerzas del orden incautaron unas 19 mil de estos artefactos en las escenas del crimen, un aumento de más de diez veces en tan solo cinco años.
Ello, junto con la proliferación de armas de fuego en la comunidad, ha elevado a niveles alarmantes los delitos relacionados con ese mal. USA Today informó que, de cada cien mil estadounidenses, 12 pierden su vida a boca de pistola y que, por tal razón, el país registra un promedio de 110 muertos por día.
Considerada una pandemia en Estados Unidos, la violencia armada viene desafiando al Gobierno del presidente Joe Biden y su resolución de proteger a los ciudadanos, que se refleja en la promulgación de una serie de declaraciones y medidas de control en los últimos años.
En abril de 2022, Biden emitió una orden ejecutiva en la que anunció nuevas acciones para endurecer el control de “armas fantasma”. En concreto, los proveedores de kits para ensamblarlas debían cumplir los mismos requisitos aplicados a los fabricantes de armas para fines comerciales en virtud de la Ley de Control de Armas, así como tener una licencia federal y marcar cada componente de sus kits con números de serie.
Cabe mencionar también una nueva regulación que obliga a los comerciantes de ese rubro conservar los documentos principales de su negocio hasta descontinuarlo. Antes, tenían permiso de eliminar todos los archivos ya guardados durante al menos 20 años.
En una declaración con motivo del Día de la Independencia este año, el mandatario estadounidense volvió a exigir la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad para acabar con la inmunidad de sus fabricantes.
Sin embargo, en una nación donde está profundamente arraigada la cultura de las armas, el control de esos medios letales sin duda encara retos. Un juez federal en el estado de Texas declaró a finales de junio último que las normas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia sobre control de armas exceden su autoridad y no pueden aplicarse a nivel nacional. Intentos por desafiar las restricciones en el tema también provienen de parte de organizaciones partidarias del uso civil de armas y empresas de fabricación y distribución de las mismas.
De hecho, la división entre los partidos políticos y la oposición de los grupos de intereses han hecho ineficaces los esfuerzos contra la violencia armada en el país norteamericano.
Por eso, el Departamento de Justicia acogió con satisfacción la reciente decisión del Tribunal Supremo, por cinco votos a cuatro, de restablecer la regulación federal de las armas sin número de serie. Según este organismo, la acción de la Corte Suprema atiende la seguridad comunitaria y ayudará a las fuerzas del orden a enfrentar los delitos por tal causa.
Hasta el 70 por ciento de los estadounidenses consultados se mostraron a favor de que las armas caseras deben tener números de serie y ser distribuidas por fabricantes autorizados. La cuestión de frenar este flagelo seguirá siendo una prioridad de Biden, en especial cuando se acercan las elecciones presidenciales de 2024.
