El TLC, firmado en enero de 2026 entre la UE y los cuatro miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), establece una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de habitantes, y prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90 por ciento de las líneas comerciales entre ambos bloques, que representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
El Mercosur exporta principalmente productos agrícolas y minerales a la UE y, a su vez, el bloque europeo incrementa sus ventas de maquinaria, productos químicos y farmacéuticos a Sudamérica. Según lo acordado, el Mercosur suprimirá el 91 por ciento de los aranceles aplicados a bienes europeos, mientras que la UE eliminará el 92 por ciento de los gravámenes sobre mercancías sudamericanas. Esto permitirá a las empresas europeas ahorrar cerca de cuatro mil millones de euros anuales y facilitará la inversión en cadenas de suministro estratégicas, incluidas las materias primas estratégicas.
La UE integra el acuerdo con el Mercosur en su estrategia de diversificación de alianzas, fortalecimiento de la autonomía, refuerzo del multilateralismo y consolidación de un orden internacional basado en normas. El tratado permite a las pequeñas y medianas empresas acceder a mercados de mayor dimensión. Tanto Alemania como España respaldan la decisión de la CE porque consideran que el TLC con los países sudamericanos generará nuevas oportunidades de crecimiento, ampliará mercados y fortalecerá la resiliencia europea frente a las perturbaciones del comercio global.
Aunque el Parlamento Europeo (PE) aún no ha dado su aprobación formal, la CE adoptó la decisión tras la ratificación del acuerdo por parte de Argentina y Uruguay. El portavoz comercial de la UE, Olof Gill, precisó que la aplicación provisional de este mecanismo comenzará el primer día del segundo mes posterior al intercambio de notas diplomáticas entre la UE y Uruguay, primer país del Mercosur en completar la ratificación. El documento entrará en vigor para los Estados que lo hayan ratificado, mientras Brasil y Paraguay prevén culminar sus trámites en breve.
Pese al respaldo de la mayoría de los Estados miembros, el acuerdo con el Mercosur enfrenta la oposición firme de Francia, Polonia y de diversas asociaciones de agricultores. Francia lidera la oposición por el temor a que productos agrícolas de bajo coste procedentes de Brasil y otros países sudamericanos ejerzan una presión competitiva sobre su sector agrícola. Las organizaciones agrarias sostienen que el tratado impondrá una fuerte presión sobre la agricultura europea al exponerla a productos más baratos que no siempre cumplen los estrictos estándares comunitarios. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la decisión de la CE como “una desagradable sorpresa”, al considerar que no se ha respetado plenamente el papel del PE al no haberse recabado previamente su aprobación.
La oposición de algunos Estados miembros complica aún más el panorama jurídico del acuerdo con los países sudamericanos. En este contexto, el PE presentó el expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitó que esta instancia determine si el texto se ajusta a las políticas del bloque, lo que podría demorar su entrada en vigor.
En un contexto de posturas encontradas, la UE debe afrontar el desafío de conciliar el libre comercio y la protección de los intereses de los agricultores, así como el mantenimiento de la estabilidad social dentro del bloque.
