Las dificultades rodean a Argentina

El gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han llegado a un acuerdo sobre el préstamo de 44 mil millones de dólares. El nuevo gobierno del presidente Javier Milei ha negociado la institución financiera para llegar a un acuerdo sobre la séptima revisión de este programa y desembolsar alrededor de tres mil 300 millones de dólares que se necesitan con urgencia para pagar la deuda, en un contexto en que el país suramericano  ha caído en una grave crisis.
Las dificultades rodean a Argentina

El FMI ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para concederle un nuevo desembolso de cuatro mil 700 millones de dólares que deberá ser refrendado por su directorio. Se trata de un monto que Argentina necesita para cubrir su deuda y poner en marcha sus planes anticrisis.

Solo en la segunda mitad del 2023 Argentina necesitó 10 mil 600 millones de dólares en anticipos para reforzar las reservas del Banco Central y consolidar las finanzas públicas, tal y como exige el FMI. El país sudamericano se enfrenta a un reto de enormes proporciones, cuando la inflación supera el 200 por ciento y la tasa de pobreza el 40 por ciento. Muchas consultoras financieras de Argentina estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) pasó del 210 al 220 por ciento en 2023.

La fuerte devaluación de la moneda nacional por parte del nuevo gobierno argentino provocó un IPC récord de más del 29 por ciento en diciembre, del cual los precios de los alimentos subieron un 35,3 por ciento.

La consultora LCG estimó la inflación en un 28 por ciento en diciembre del año pasado, lo que supone un aumento anual del 218 por ciento. La mayoría de las empresas financieras de Argentina estiman que la inflación de este mes se situará en el mismo nivel que en diciembre, con los mayores aumentos en los servicios públicos y las facturas prepagadas.

Ante semejantes dificultades, el presidente Milei se esfuerza por acelerar la implementación de los compromisos que adquirió durante las elecciones del año pasado.

El mandatario argentino anunció que dolarizaría la economía, privatizaría la Corporación Nacional de Energía YPF, la Aerolínea Argentinas, así como las empresas estatales de agua, telecomunicaciones y ferrocarriles. Además, que cortaría 20 mil millones de dólares del déficit presupuestario estatal; haría flotar los precios de la electricidad, de los alimentos y los servicios médicos; suprimiría cinco mil empleos en el sector público y legalizaría el uso de criptomonedas.

El presidente de Estrategia de Mercado e Inversión del Banco JP Morgan, Michael Cembalest, advirtió recientemente que el plan de Milei de dolarizar la economía fracasará, afirmando que el modelo de economía libre que propugna Milei sólo es viable en países con ciertas condiciones de las que Argentina carece.

En un informe sobre el estado de los mercados financieros, Cembalest afirmó que el Gobierno de Milei, minoritario en la Asamblea Nacional, necesitaría una mayoría de dos tercios para aprobar las reformas necesarias para dolarizar la economía. Además, Argentina necesitará importantes reservas de divisas y tasas de ahorro mucho más elevadas para aplicar el plan, afirmó.

Más allá, la capacidad de adoptar otra moneda sólo es posible cuando existe una combinación de factores como un alto desempeño económico, flexibilidad y dinamismo empresarial, que permitan a esa economía hacer frente y resistir las crisis en los mercados internos y externos.

El plan de reforma de Milei se enfrenta a numerosos retos, entre ellos las cuestiones laborales. El Tribunal Nacional del Trabajo de Argentina suspendió la reforma laboral propuesta por el Gobierno a petición de la Confederación General del Trabajo (CGT). La mayor organización sindical del país elogió el fallo, mientras que funcionarios del gobierno dijeron que apelarían.

Las políticas de "austeridad" del gobierno de Milei han encontrado una fuerte oposición por parte de los trabajadores. La CGT ha convocado una huelga general nacional el 24 de enero y ha anunciado que presentará un recurso ante la Corte Suprema argentina contra las nuevas políticas económicas del gobierno.