El mandatario argentino enfatizó la necesidad de aplicar una “terapia de choque” para llevar a cabo una reforma radical de la economía en un contexto donde la inflación y el déficit presupuestario siguen siendo muy elevados en la tercera economía de América Latina.
Desde que su economía entró en una grave crisis en 2018, Argentina ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). En la segunda mitad de 2023, el país sudamericano ha solicitado un anticipo de unos 10 mil 600 millones de dólares en aras de cumplir metas de acumulación de reservas y de consolidación fiscal según los requisitos de ese organismo financiero.
Mientras tanto, la grave sequía que azotó al país suramericano en 2023 provocó pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares. Como uno de los principales productores de cereales del mundo, Argentina se encuentra sumida en una crisis económica marcada por una inflación anual cercana al 150 por ciento y más del 40 por ciento de la población está sumido en la pobreza.
Para hacer frente a la inestabilidad macroeconómica, el gobierno de Milei anunció una serie de medidas económicas de emergencia, centradas en recortar el gasto público y evitar la hiperinflación. Entre las iniciativas destacan la devaluación del peso en más del 50 por ciento, la introducción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una serie de medidas de "austeridad" para minimizar el déficit del presupuesto estatal y promover decididamente la privatización.
Las medidas también incluyen la reducción de los subsidios de energía y transporte, la minimización de las asignaciones presupuestarias a los municipios, la cancelación de proyectos de infraestructura inacabados, y avanzar hacia la eliminación de los impuestos a la exportación.
Según el gobierno argentino, el paquete de planes de reformas puede empeorar la situación económica nacional en pocos meses, pero son esenciales para "salvar" la economía. De hecho, estas medidas han provocado una fuerte subida de los precios en los últimos días de 2023, con un impacto significativo en la vida de los ciudadanos.
Ante tal situación, el Congreso argentino convocó a sesiones extraordinarias entre este 26 de diciembre y el 31 de enero de 2024 para debatir el paquete de medidas que el Ejecutivo considera esenciales para la gestión. Los gobernadores de varias provincias han presentado una demanda ante la Corte Suprema, declarando inconstitucional el DNU emitido por el gobierno nacional.
Mientras tanto, un nuevo proyecto de ley ha sido enviado al Congreso, una iniciativa que incluye reformas de largo alcance en varias áreas y que también concedería facultades extraordinarias al Ejecutivo en materia económica, financiera, social y de seguridad, entre otras, hasta finales de 2025, con una eventual prórroga por otros dos años.
Según el mandatario argentino, esta ley otorga al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia, evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes de gobierno.
Sin embargo, muchos legisladores de la oposición argumentaron que es inconstitucional que el gobierno redactara una ley que le diera autoridad suprema para gobernar el país.
Javier Milei es el líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, minoritaria en el Congreso. Con sólo 38 de 257 diputados y siete de 72 senadores, esta agrupación política necesita urgentemente el apoyo de ambas cámaras del Congreso para aprobar unas 500 reformas propuestas por el Gobierno. El mandatario argentino ha pedido a los legisladores que aprueben estas medidas, con el fin de crear cambios profundos y evitar que el país caiga en un desastre sin precedentes.
En su mensaje de fin del año, el presidente reconoció que la situación en Argentina seguirá siendo dura en los próximos meses y llamó al respaldo de todos los ciudadanos a los planes de reforma presentados por el gobierno.
