Las estadísticas de la Red Brasileña de Investigación en Seguridad Alimentaria muestran que en el país sudamericano hay actualmente cerca de 33,1 millones de personas hambrientas, un aumento de más de 1,7 veces respecto a 2020. Esta es una cifra insólita en una nación que ha sido reconocido por sus grandes avances en la lucha contra la pobreza.
Según expertos, este revés es consecuencia de la eliminación por el Gobierno brasileño de las políticas de bienestar social, el impacto de la crisis económica y la pandemia de Covid-19.
En particular, los beneficiarios del programa social Auxilio Brazil lanzado por el presidente Jair Bolsonaro desde principios de 2022 también sufren inseguridad alimentaria.
Los expertos señalan que el subsidio promedio de 500 reales (unos 100 dólares) del programa Auxilio Brazil no es suficiente para compensar los efectos de la inflación, que asciende a 12,13 por ciento.
Algunas políticas inapropiadas y presiones objetivas han provocado la inseguridad alimentaria a más de la mitad de las familias de las zonas rurales y a 27,4 millones de personas que viven en las zonas urbanas de Brasil. Los hambrientos casi se han duplicado, pesando sobre los hombros del 18,1 por ciento de los hogares con niños menores de 10 años. La población negra o mestiza se ha visto más afectada que la blanca, con un 18,1 por ciento de los hogares con hambre, contra 10,6 por ciento.
La inseguridad alimentaria en Brasil en los últimos años ha alcanzado a un nivel alarmante. Según una encuesta de la Fundación Getulio Vargas (FGV), del Instituto Brasileño de Investigaciones Económicas, el país enfrenta el riesgo de una grave inseguridad alimentaria, cuando la proporción de personas que no pueden satisfacer las necesidades alimentarias para ellos y sus familias en algún momento dentro de los 12 meses ha alcanzado un récord del 36 por ciento en 2021, superando el promedio mundial.
El director del Centro de Política Social de la FGV, el economista Marcelo Neri, destacó que los precios de los alimentos se han disparado debido al Covid-19, el conflicto en Ucrania y la situación de sequía en muchas regiones del mundo. Entre el 20 por ciento de brasileños más pobres, la tasa de inseguridad alimentaria saltó del 53 por ciento en 2019 al 75 por ciento en 2021, aproximadamente la misma tasa en Zimbabue, un país con altos niveles de inseguridad alimentaria en el mundo (80 por ciento). Este no es precisamente un motivo de orgullo para el país de la samba, el mayor productor de alimentos de América del Sur y el principal productor de alimentos del mundo.
Sin embargo, Brasil no es el único país de América Latina y el Caribe que experimenta inseguridad alimentaria, pues la región aún lucha por superar las consecuencias de la pandemia de Covid-19. De acuerdo con una alarmante información del Programa Mundial de Alimentos, el número de personas que viven en inseguridad alimentaria severa aumentó en más de medio millón de personas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. Las naciones insulares del Caribe, que tienen que importar la mayor parte de sus alimentos para satisfacer sus necesidades internas, ahora tienen que sufrir el costo adicional del transporte de mercancías por mar.
La inseguridad alimentaria y el aumento de los costos de transporte han dificultado las actividades humanitarias de las organizaciones internacionales, incluido el PMA, en Brasil y América Latina y el Caribe. La directora regional del PMA para esta región, Lola Castro, dijo que la asistencia en efectivo a grupos vulnerables se vio afectada, en un contexto en que los recursos financieros de la organización está agotados debido a la creciente necesidad de asistencia alimentaria a los pobres. Castro enfatizó que el PMA requiere urgentemente 315 millones para cubrir sus costos operativos en toda la región durante los próximos seis meses.
Expertos de organismos internacionales consideran que para poder hacer frente a la inseguridad alimentaria, América Latina y el Caribe, y Brasil en particular, dependen no solo de esfuerzos internos, sino también de ayuda externa.
