En los últimos días, una atmósfera de incertidumbre envuelve muchas áreas de Afganistán, pues se han llevado a cabo una serie de ataques dirigidos contra objetivos civiles en Kabul, la capital, y otras provincias. El autodenominado Estado Islámico (EI) se adjudicó la explosión ocurrida el 29 de abril en la mezquita Khalifa Sahib, que dejó 50 muertos. Fue el atentado más letal en las últimas dos semanas y el último reivindicado por EI.
El número total de muertos en ataques perpetrados en las últimas dos semanas supera los cien. Dos explosiones ocurridas el 19 de abril fuera de una escuela en un área poblada en su mayoría por musulmanes chiítas en Kabul mataron a una docena de personas, muchas de ellas estudiantes. Dos días después, otras dos explosiones en una mezquita chiíta en la norteña ciudad de Mazar-i-Sharif se cobraron la vida de más de 30 personas.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó enérgicamente el atentado contra la mezquita Khalifa Sahib y subrayó que los actos terroristas contra civiles y sus bienes están estrictamente prohibidos por el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad de la ONU también condenó los recientes ataques en Kabul y reafirmó que el terrorismo en todas sus formas constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.
El grupo Estado Islámico de Khorasan (EI-K), una rama del EI, se reivindicó la responsabilidad de cuatro de los recientes ataques con víctimas masivas. Los expertos dicen que los recientes ataques en Afganistán son un intento de EI-K para desacreditar a los gobernantes talibanes ante el pueblo afgano y la comunidad internacional, en un contexto en que el gobierno aún no ha sido reconocido internacionalmente.
Contrario a la intención de los talibanes de establecer un gobierno confinado a las fronteras de Afganistán, el EI-K intenta establecer un Estado islámico en toda la región. El resurgimiento del EI-K es un gran obstáculo para el gobierno talibán, porque para ser reconocido este debe garantizar la seguridad del país y no permitir que grupos terroristas utilicen Afganistán como plataforma de lanzamiento de ataques.
Mientras tanto, la economía afgana cayó en una grave crisis debido a la congelación de muchos activos extranjeros y a no recibir la ayuda adecuada después del regreso de los talibanes al poder. El Banco Mundial advirtió que en las actuales condiciones, las perspectivas para la economía afgana son "nefastas". Se prevé hacia fines de 2022 el PIB per cápita sea un 30 por ciento inferior al de 2020. La crisis humanitaria es una amenaza latente, pues hasta el 37 por ciento de las familias afganas no pueden permitirse comprar alimentos y el 33 por ciento de los hogares apenas pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias.
Un representante del gobierno talibán confirmó recientemente que fue eliminada la mayor parte de la presencia de elementos del EI en Afganistán y cumplió su compromiso de restablecer la paz y la estabilidad en el país. Sin embargo, los recientes ataques mantienen alto el riesgo de inestabilidad en Afganistán. Si no se erradican las semillas del terrorismo, no solo se obstaculizarán los esfuerzos de ayuda humanitaria para millones de afganos, sino que la seguridad regional e internacional volverá a enfrentar una creciente amenaza terrorista.
