No obstante, se prevé que el proceso para alcanzar dicha meta enfrentará numerosos desafíos, especialmente en lo que respecta a la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el crecimiento económico.
Durante los últimos 30 años, la UE ha reafirmado su papel de vanguardia en la protección del planeta, logrando hitos dignos de mención. Ha sido el bloque que más ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, según el Protocolo de Kioto. Además, fue el primer conjunto de países en adoptar leyes climáticas, estableció en 2005 el primer mercado de comercio de derechos de emisión de carbono del mundo y fue también cuna del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015.
En continuidad con este camino, el anuncio del mencionado objetivo constituye un paso clave hacia la meta de neutralidad de carbono en 2050, orientado hacia un futuro verde y sostenible.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que se trata de un avance y una muestra palpable de la determinación de los 27 países miembros de la agrupación de evitar que el planeta siga calentándose. De ser aprobado, dicho objetivo se convertirá en un “faro” que guiará toda la estrategia climática y energética del bloque en el periodo posterior a 2030.
Los analistas consideran que, para alcanzar esta ambiciosa meta, la UE deberá superar múltiples retos, comenzando por el escepticismo de algunos de sus países miembros.
El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a la UE a que se asegure de que la hoja de ruta hacia la descarbonización no afecte negativamente a la competitividad económica del bloque.
Por su parte, el primer ministro checo, Petr Fiala, rechazó abiertamente la propuesta, considerándola inviable. Según él, la UE difícilmente podrá alcanzar simultáneamente dos objetivos: reducir en un 90 por ciento las emisiones para 2040 y, al mismo tiempo, abrir camino para un crecimiento económico acelerado.
Entretanto, algunas empresas de la Unión Europea señalan que están sufriendo presiones desde múltiples frentes, como el aumento de los costes y la cada vez mayor rigidez de la normativa medioambiental. Diversos sectores industriales con altas emisiones en la región también expresan su preocupación porque estas normativas puedan perjudicar la competitividad de Europa.
Además, el coste estimado para cumplir la meta de reducción del 90 por ciento para 2040 no es desdeñable. Se calcula que, de 2031 a 2050, la UE deberá invertir de media 660 mil millones de euros en infraestructura energética y unos 870 mil millones de euros en sistemas de transporte.
No obstante, la CE asegura que, a diferencia de compromisos climáticos anteriores, la nueva propuesta ha sido diseñada con flexibilidad, para que la Unión Europea no tenga que decidir entre crecimiento económico y transición ecológica.
Con este fin, y para ayudar a los países miembros a armonizar la protección ambiental con la sostenibilidad económica, la CE propone permitir la compra parcial de créditos de carbono fuera de la Unión como mecanismo para alcanzar los objetivos de reducción. Esta fórmula permitiría a los gobiernos y a las empresas financiar proyectos climáticos en países en desarrollo, como la reforestación o la transición energética, y contabilizar las emisiones evitadas como parte de sus propias metas. Esta solución podría aliviar la carga financiera de la transición ecológica, especialmente en un contexto en el que los países miembros deben equilibrar sus presupuestos frente a otras prioridades, como la defensa, la seguridad y la economía.
Pese a los múltiples obstáculos, los expertos coinciden en que la transición verde es un camino sin retorno para la UE y que solo cabe avanzar, no retroceder.
