La migración irregular lleva mucho tiempo siendo un problema persistente en el continente, ya que millones de personas huyen de la pobreza y la violencia, y pese a los peligros, intentan llegar a Europa por cualquier medio.
Tal situación ha causado graves consecuencias a la economía, la estabilidad política y social, así como en la solidaridad dentro de la UE. Aunque el tema ha ocupado de forma constante la agenda política, los esfuerzos para controlar el fenómeno no han dado los resultados esperados.
En este contexto, el Pacto sobre Migración y Asilo constituye una reforma integral dirigida a reforzar el control de las fronteras de la UE y establecer un procedimiento común de asilo. Con las normas más estrictas de los últimos años, se espera que el documento elimine los principales obstáculos del sistema europeo de gestión de asilo.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, afirmó que la normativa es un importante paso para recuperar el control sobre los flujos migratorios.
La medida más destacada es la posibilidad de que los Estados miembros establezcan “centros de retorno” en países situados fuera de la UE. Quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo podrán ser trasladados a dichos centros.
El pacto también amplía considerablemente las competencias de las autoridades al exigir que las personas sujetas a una orden de expulsión cooperen con ellas y abandonen el territorio de la UE.
Quienes no cumplan las disposiciones podrían enfrentar sanciones más severas, como la suspensión de ayudas sociales, la confiscación de documentos o la detención. El período máximo de detención de inmigrantes en situación irregular aumentará de los actuales seis meses a 24, con posibilidad de prórroga.
Para los casos considerados una amenaza a la seguridad nacional, la detención podría ser por tiempo indefinido. Esas medidas buscan cerrar una de las principales lagunas del sistema de asilo de la UE: la permanencia de personas cuya solicitud de asilo ha sido denegada, pero que se niegan a abandonar el territorio.
Según estadísticas, menos del 30 por ciento de las personas a las que se les ordena abandonar la UE regresan a su país de origen o salen del territorio comunitario. Muchas permanecen de forma irregular eludiendo a las autoridades, cambiando de residencia o trasladándose a otro Estado miembro.
Con estas medidas más drásticas, queda claro el viraje que está adoptando la UE hacia un enfoque más firme frente a la inmigración.
Se trata de una decisión necesaria para afrontar las consecuencias de la inmigración irregular sobre la seguridad, la economía y la sociedad de los Estados miembros.
En materia de seguridad, se ha registrado inestabilidad en las zonas fronterizas y en algunas ciudades europeas. El riesgo aumenta ante la posibilidad de que elementos extremistas se infiltren entre los refugiados y realicen actividades terroristas.
Numerosos expertos han expresado su preocupación por el impacto que pudieran tener los gastos destinados a los refugiados sobre los sistemas de bienestar social y los presupuestos nacionales. Estos problemas influyen cada vez más en la vida política europea, profundizan las divisiones entre los Estados miembros y favorecen el ascenso de los partidos de extrema derecha.
Ante semejante situación, la UE se ha visto obligada a tomar acciones y el Pacto sobre Migración y Asilo se perfila como una posible solución a tan complejo desafío. No obstante, su aplicación también suscita opiniones encontradas.
Países como Francia y España han expresado dudas sobre la eficacia real de los “centros de retorno”, dado que iniciativas similares en el pasado no lograron los resultados esperados.
Algunas organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre posibles riesgos jurídicos y consecuencias humanitarias, además de cuestionar si los derechos fundamentales de los migrantes podrían garantizarse.
La Comisión Europea ha señalado que la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo es solo el comienzo de un largo camino que requerirá esfuerzos sostenidos, solidaridad y responsabilidad por parte de los Estados miembros.
La UE no podrá resolver por sí sola el flujo masivo de migrantes mientras no se aborden de manera efectiva las causas profundas, como los conflictos y la pobreza en los países de origen.
