Los sucesivos atentados terroristas en los últimos tiempos en Malí han puesto en pánico a los civiles y obstaculizado las actividades de ayuda humanitaria. El 11 de junio, un ataque terrorista contra un puesto de control en Koutiala, en el sureste del país, dejó al menos ocho muertos, incluidos dos funcionarios de aduanas y seis civiles.
Antes, dos soldados egipcios en servicio en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma) murieron y otros dos resultaron heridos por un artefacto explosivo mientras escoltaban decenas de vehículos de la ONU y un convoy de camiones civiles que transportaban combustible en la localidad de Douentza, en el centro del país.
A principios del mismo mes, un casco azul jordano murió a manos de pistoleros que atacaron un convoy de la Minusma en Kidal, en el norte. Dos empleados de la Cruz Roja, incluido un extranjero, fueron asesinados por motociclistas armados cuando estaban de vuelta tras una misión humanitaria. Una pareja italiana, su hijo y un togolés fueron secuestrados en la región suroriental.
Malí es un país vasto en el Sahel, cuyo territorio está en gran parte fuera del control del Gobierno. Se ve sumido en una crisis de seguridad, política y humanitaria desde 2012. En apenas un año experimentó dos golpes militares (agosto de 2020 y mayo de 2021).
A medida que las facciones políticas luchaban por el poder, los grupos yihadistas ligados a Al Qaeda y el autoproclamado Estado Islámico (EI), los grupos armados formados espontáneamente y las pandillas aprovecharon la inestable seguridad para sublevarse, incrementar su influencia y apropiarse de tierras, recursos y riquezas.
Por añadidura, la violencia entre las comunidades locales causó al Gobierno maliense un mayor dolor de cabeza. La “chispa” de la violencia comenzó a estallar en el norte del territorio nacional en 2012. Se extendió a la región central y luego a los vecinos Burkina Faso y Níger, lo cual se cobró vida de miles de soldados y civiles y obligó a otros cientos de miles a buscar refugios.
Ante la inseguridad y el número creciente de asaltos, el ejército del Gobierno, con apoyo de la Minusma, ha realizado operaciones a gran escala contra grupos terroristas y yihadistas armados. En su primera campaña aérea, que tuvo lugar en Bandiagara, exterminó a 13 hombres, incluidos tres líderes, y destruyó varios escondites de los insurgentes. Combatientes del Movimiento para la Salvación de Azawad del pueblo tuareg eliminaron a unos 30 miembros del EI en el desierto del Sahara, impidiendo planes de masacrar a civiles. Las Fuerzas Armadas de Malí igualmente desmantelaron cinco células terroristas en el centro del país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó categóricamente los ataques terroristas y los secuestros de trabajadores de las organizaciones internacionales, extranjeros y civiles en Malí. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja manifestó su profunda preocupación por la situación en el Sahel. Según la entidad, los atentados contra el personal de las organizaciones filantrópicas han dificultado la prestación de ayuda a los segmentos poblacionales vulnerables en la nación de África Occidental.
El representante especial del secretario general de la ONU para Malí, El-Ghassim Wane, aseveró que a pesar de las adversidades, los 14 mil oficiales de la Minusma decidieron quedarse junto al Gobierno y el pueblo locales para restaurar la paz y la seguridad.
Analistas en política internacional opinaron que, en paralelo con las campañas destinadas a rastrear y erradicar a los terroristas, Bamako necesita completar pronto su Gobierno civil, reconciliar los conflictos entre etnias y localidades, y crear medios de vida sostenibles. Solo un satisfactorio manejo de estas cuestiones dará paso a la recuperación de la paz, la seguridad y la estabilidad.
