Evitar que las organizaciones y empresas se aprovechen de lagunas y "áreas grises" legales para evadir impuestos es un problema de larga data para los gobiernos. En el contexto de economías que luchan por reducir los impactos de la pandemia de Covid-19, el objetivo de prevenir la erosión de ingresos fiscales se vuelve aún más urgente.
Después de un largo tiempo de negociaciones, 136 de un total de 140 países y territorios asociados implicados en las negociaciones adoptaron un documento llamado Declaración sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
El acuerdo se firmará oficialmente en la Cumbre de ministros de Finanzas del G-20 en Washington el 13 de octubre y luego se trasladará a la de los jefes de Estado y Gobierno en Roma a finales de este mes.
Según el acuerdo, a partir de 2023, la tasa mínima del 15 por ciento será aplicada a las firmas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros (870 millones de dólares). Esto generará unos 150 mil millones de dólares de ingresos impositivos anuales.
El acuerdo también apunta a reasignar más de 125 mil millones de dólares de beneficios procedentes de alrededor de las cien mayores y más rentables empresas y corporaciones multinacionales de todo el mundo, asegurando que estas paguen impuestos justos dondequiera que operen y obtengan ganancias.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, elogió el acuerdo de reforma fiscal global como una gran victoria del multilateralismo, en consonancia con los objetivos urgentes de una economía mundial digitalizada y globalizada.
Numerosos países comparten la opinión de que se trata de un paso importante hacia un sistema fiscal internacional más justo y eficiente. Los representantes de Facebook y Amazon evaluaron que esto es una solución para reformar las regulaciones tributarias globales basada en un alto consenso internacional para garantizar intereses armonizados.
Los expertos advierten que el acuerdo aún debe superar muchas trabas normativas para que entre en vigor, porque cada miembro participante tiene su propio proceso de aprobación e implementación. Sin embargo, el hecho de que países y territorios, que aportan hasta el 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, hayan aceptado el plan, abre un futuro prometedor para una política fiscal más justa a escala mundial.
