Las escenas caóticas en Ceuta durante los últimos casi dos meses han recolocado el desafío migratorio en el centro del debate de la UE. La realidad sobre el terreno muestra playas repletas de carpas y chabolas provisionales; un reflejo directo del colapso en las infraestructuras de asistencia, que mantiene a más de dos mil personas en situación de total desamparo y sin acceso a albergues.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, declaró que Ceuta ha perdido su forma de vida y tranquilidad, además de alertar sobre el creciente estrés de la población debido a esos “huéspedes inesperados”.
Ante semejante crisis, descrita como una prueba para la solidaridad europea, resulta llamativa la respuesta de los países afectados. Aunque las autoridades insisten en que la integridad del espacio Schengen no corre peligro, diversos Estados miembros han optado por mantener los controles y restricciones en sus fronteras.
Italia ha decidido prorrogar 15 días más los controles temporales en los aeropuertos y puertos nacionales a pasajeros procedentes de España. Persisten elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, alegó Roma.
Las reglas permiten a los miembros de Schengen restablecer de forma temporal los controles fronterizos en determinadas fronteras interiores en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el orden público o la seguridad nacional. Pero si esas excepciones se producen con demasiada regularidad, incidirán relativamente en los valores de la libertad y la integración que fundamentan el Acuerdo de Schengen.
La situación en Ceuta, de igual modo, ha encendido un debate sobre cómo equilibrar la seguridad y la libre circulación dentro de la referida área.
En junio comenzó a aplicarse el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, principalmente sobre la base de la solidaridad y la responsabilidad compartida. Las formas de contribución varían, tales como la reubicación de migrantes y la asistencia financiera.
Aun así, existe una brecha entre las pautas colectivas y su adopción por cada país. El deber de garantizar la seguridad nacional y el bienestar social frente al creciente flujo migratorio ejerce una enorme presión sobre numerosos gobiernos.
El hecho de que se pueda viajar libremente entre los países de Schengen urge una mayor protección de las fronteras exteriores de la región. El caso de Ceuta demuestra la importancia de la coordinación con los países africanos, origen de oleadas migratorias.
En una reseña publicada en el sitio web Modern Diplomacy, el experto Hakima El Haite evaluó que desde hace tiempo la política migratoria euro-marroquí ha favorecido un enfoque centrado en la seguridad. La UE asignó 222 millones de euros a Marruecos para proyectos de seguridad fronteriza y prevé suministrarle otros 190 millones para finales de 2027, citó.
Esa perspectiva, comentó el autor, simplemente aborda los incidentes del momento en lugar de desarraigar causas subyacentes como el impacto de los conflictos, la violencia, las epidemias, la pobreza y los desastres naturales.
La crisis migratoria en Europa resulta de factores entrelazados. La responsabilidad de solventarla definitivamente recae sobre múltiples actores. Se requieren medidas uniformes que involucren a todos los países europeos y una estrecha coordinación con las naciones donde se originan las oleadas migratorias.
