La 17ª Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Armenia, coincide con un escenario de presiones presupuestarias, conflictos y crecientes tensiones geopolíticas que complican sobremanera los esfuerzos para proteger la naturaleza.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en diciembre de 2022, estableció 23 objetivos para detener la pérdida de biodiversidad hacia 2030.
Hasta la fecha, cerca del 90 por ciento de los firmantes ha elaborado objetivos nacionales para garantizar la biodiversidad. Esto demuestra que, pese a las diferencias de opiniones e intereses, los países siguen siendo capaces de alcanzar consensos para proteger el planeta.
Sin embargo, persisten desacuerdos que obstaculizan considerablemente la aplicación de los compromisos.
Un reciente informe de las Naciones Unidas señala que ninguno de los 23 objetivos presenta un panorama “plenamente positivo” y que menos de la mitad de los objetivos nacionales establecidos por las Partes avanzan por el camino previsto.
La principal causa es la dificultad para movilizar recursos financieros y la falta de determinación a la hora de asumir compromisos y responsabilidades. La financiación es uno de los principales cuellos de botella en los esfuerzos por proteger la biodiversidad.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal propuso movilizar al menos 200 mil millones de dólares anuales para la biodiversidad hasta 2030, pero los recursos movilizados hasta ahora son claramente insuficientes.
Según estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la financiación entre 2023 y 2025 se situó entre 75 mil y 92 mil millones de dólares anuales, muy por debajo de la meta.
La economía global atraviesa un período complejo debido al impacto de diversos conflictos y a la necesidad de asignar recursos a prioridades sociales esenciales, entre ellas la respuesta a los movimientos de refugiados y la reconstrucción posterior a la Covid-19. Como consecuencia, la financiación de compromisos internacionales y el reparto de responsabilidades financieras ejercen una presión considerable sobre los países desarrollados.
En cuanto a los más pobres, sus esfuerzos a favor de la biodiversidad, desde la protección y la vigilancia hasta la restauración de los ecosistemas, requieren considerables recursos financieros. Para peor, esas naciones afrontan serias dificultades derivadas de la pesada carga de la deuda, la escasez presupuestaria y el acceso limitado a financiación internacional.
La inversión en la explotación de combustibles fósiles constituye también una cuestión controvertida y difícil de resolver, pues los intereses económicos colisionan con la responsabilidad de proteger el medio ambiente.
Celine Beaulieu, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza, señala que los países no pueden invertir al mismo tiempo en la protección de la naturaleza y frente a actividades que degradan la biodiversidad.
Cada año se destinan alrededor de 2,6 billones de dólares a actividades como la extracción de minerales, la explotación de combustibles fósiles y la agricultura intensiva, una cifra muy superior a los recursos asignados a la protección y restauración de la naturaleza.
Las energías renovables han registrado un crecimiento significativo en los últimos años; sin embargo, su expansión aún no ha sido suficiente para reducir de manera sustancial la dependencia de los combustibles fósiles. Las tensiones geopolíticas y la escalada de los conflictos han subido la demanda mundial de energía, lo que dificulta aún más esta transición.
Cada país debe mejorar la eficacia de sus políticas de protección de la naturaleza. Muchos coinciden en que, junto a los gobiernos, el sector privado debe asumir una mayor responsabilidad y aumentar sus aportaciones a la conservación, contribuyendo así a movilizar más recursos procedentes de las empresas que se benefician de la explotación de los recursos naturales.
A medida que se acerca 2030, fecha límite para alcanzar los objetivos establecidos, aumentan los llamamientos a la comunidad internacional para que reduzca la brecha entre los compromisos y las acciones concretas. Conservar la biodiversidad significa también contribuir a la construcción de un futuro sostenible para toda la humanidad.
