En consonancia con el espíritu de la Resolución 79, las autoridades de Hanói elaboran programas y planes de acción vinculados al desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030, centrados en tres ejes principales, a saber, la descentralización presupuestaria y el fortalecimiento de la responsabilidad en la inversión pública; la reestructuración de las empresas estatales locales; y la ampliación de la cooperación público-privada (PPP) en el desarrollo de infraestructura y servicios urbanos.
La Resolución fija como meta que, para 2030, la economía estatal consolide su papel orientador en sectores estratégicos, mantenga la estabilidad macroeconómica y garantice los grandes equilibrios de la economía. Una de las orientaciones clave es profundizar la descentralización hacia las administraciones locales, acompañada de mayores exigencias en materia de rendición de cuentas, transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.
Para Hanói, esta directriz constituye una condición favorable para ejercer mayor autonomía en la definición de carteras de proyectos y la asignación de capital de inversión pública, en lugar de depender de mecanismos administrativos centralizados.
En el período 2026-2030, la ciudad prevé destinar cuantiosos recursos a la inversión pública de mediano plazo, priorizando el transporte urbano, la mejora ambiental, la transformación digital, así como la educación y la salud de alta calidad.
La descentralización permitirá acortar los procedimientos de aprobación y aumentar la flexibilidad en la ejecución, aunque también impone una disciplina fiscal más estricta y un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión para prevenir pérdidas y despilfarros.
Paralelamente, el sistema de empresas estatales locales es objeto de revisión y reorganización con miras a lograr mayor racionalización, transparencia y competitividad. Las compañías que prestan servicios públicos esenciales, como suministro de agua, saneamiento ambiental, drenaje, alumbrado y transporte público, seguirán desempeñando un papel central, pero deberán adoptar modelos de gestión modernos, con transparencia financiera y supervisión rigurosa.
Ante la elevada demanda de inversión en infraestructura y las limitaciones del presupuesto estatal para cubrirla en su totalidad, el modelo PPP se perfila como una solución clave. La ciudad ha conformado una cartera de proyectos bajo esta modalidad en ámbitos como transporte, medio ambiente, abastecimiento y drenaje de agua, transformación digital y servicios urbanos inteligentes. Algunos proyectos de puentes sobre el río Rojo y de vías de conexión con nuevas zonas urbanas se implementan mediante PPP con el objetivo de aliviar la congestión en el centro y ampliar el espacio de desarrollo urbano.
Especial atención se presta a la aplicación del modelo PPP en la transformación digital. Hanói impulsa la cooperación con empresas tecnológicas para desarrollar plataformas de datos compartidos, centros de operaciones inteligentes y servicios públicos en línea integrales. Este enfoque no solo facilita la movilización de capital, sino que también incorpora tecnología avanzada y experiencia de gestión del sector privado, reduciendo la carga inicial sobre el presupuesto estatal.
No obstante, expertos señalan que, para garantizar la eficacia en la implementación de la Resolución 79, la urbe deberá perfeccionar los procesos de preparación de proyectos, licitación y gestión de contratos PPP conforme a estándares internacionales, así como establecer mecanismos adecuados de distribución de riesgos que armonicen los intereses del Estado, las empresas y la ciudadanía. La descentralización más amplia exige igualmente elevar la capacidad técnica del personal y reforzar la rendición de cuentas en todos los niveles administrativos.
Con la aplicación integral de estas medidas, Hanói avanza hacia un modelo de desarrollo en el que la economía estatal mantiene su papel rector, mientras el sector privado participa activamente en la inversión en infraestructura y la prestación de servicios.
Una descentralización presupuestaria racional, una gestión eficiente de la inversión pública y un modelo PPP transparente se perfilan como pilares fundamentales para construir una infraestructura moderna, acelerar la transformación digital y mejorar la calidad de vida de la población hacia 2030.
