Los diputados valoraron positivamente la preparación del proyecto, que busca modernizar el marco penal y armonizarlo con otras leyes.
En relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas comerciales, la diputada Phan Thi Thuy Linh, de la provincia de Thanh Hoa, consideró necesario precisar cómo se determina que una empresa ha ordenado, dirigido o aprobado una conducta delictiva. Subrayó que la relación laboral, el cargo directivo o los beneficios obtenidos no bastan por sí solos para atribuir responsabilidad penal.
Asimismo, señaló que la responsabilidad de las personas físicas que cometen delitos en nombre de una empresa debe determinarse según sus actos, culpabilidad y participación efectiva, sin utilizar únicamente su cargo como prueba.
Por su parte, el diputado Le Van Dong, de Ciudad Ho Chi Minh, respaldó la política de clemencia para quienes confiesen voluntariamente y acepten la pena. Propuso establecer distintos niveles de reducción de las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad del delito y los esfuerzos del infractor por reparar los daños e indemnizar a las víctimas.
Durante el debate, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, representante del organismo redactor, explicó que la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas comerciales responde a las necesidades prácticas de la lucha contra la delincuencia.
Según el ministro, algunas empresas se utilizan como fachada para cometer delitos que causan graves perjuicios a ciudadanos y organizaciones, pero que actualmente solo pueden ser objeto de sanciones administrativas por no estar contemplados en el Código Penal.
El proyecto incorpora 24 nuevos delitos por los que las personas jurídicas comerciales podrán responder penalmente. Estos abarcan ámbitos como la trata de personas, la estafa y apropiación ilícita de bienes, las actividades comerciales y de servicios, el medioambiente, los alimentos, los estupefacientes, los datos personales, los seguros y la falsificación de facturas y documentos.
La reforma también busca proteger a las empresas que operan legalmente y promover un entorno de inversión y negocios seguro, transparente y equitativo, en consonancia con la Resolución No. 68 sobre el desarrollo de la economía privada.
Respecto a la pena de muerte, Luong Tam Quang indicó que la mayoría de los diputados respalda la reducción de los delitos sujetos a esta sanción. Esta orientación responde a la política de reforma judicial y a las tendencias de integración internacional. Desde 1985, el número de delitos castigados con la pena capital ha disminuido de 44 a 10, precisó.
El ministro añadió que la evolución de las tecnologías avanzadas, las tecnologías de la información y la economía ha generado nuevas conductas peligrosas que vulneran gravemente los derechos e intereses de ciudadanos, organismos y organizaciones, pero que no estaban contempladas cuando se modificó el Código Penal en 2015.
Por ello, la incorporación de nuevos delitos pretende subsanar vacíos legales, proteger los intereses del Estado, las empresas y la población, y reforzar la prevención y lucha contra la delincuencia en el nuevo contexto, contribuyendo al desarrollo económico y la construcción de una sociedad segura, disciplinada y civilizada.
