Los diputados valoraron que la iniciativa permitirá subsanar deficiencias en la identificación de las instalaciones estratégicas, adaptarse a los avances científicos y tecnológicos y delimitar mejor las responsabilidades de los organismos competentes.
Al intervenir en el debate, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó que la protección debe abarcar tanto las instalaciones como los sistemas esenciales vinculados a ellas, incluidos los de electricidad, transporte y datos.
Pidió establecer criterios claros para clasificar las instalaciones según su importancia y los efectos de una posible interrupción, así como definir las responsabilidades de actualización de la lista de protección.
En el contexto de la transformación digital, instó a reforzar la protección coordinada de las instalaciones, los datos y los sistemas de control, prevenir ciberataques y precisar las responsabilidades de cada organismo.
También destacó la necesidad de establecer condiciones, competencias y plazos estrictos para las medidas de emergencia, garantizar los derechos humanos y ciudadanos y definir claramente las indemnizaciones, ayudas y reasentamientos en las zonas de protección.
El diputado Do Duc Hong Ha, de Hanói, señaló que el apartado 2 del artículo 29 del proyecto presenta deficiencias jurídicas y prácticas al otorgar a los organismos y entidades gestoras de las instalaciones la facultad de autorizar restricciones a la residencia, la producción y las actividades empresariales.
También recordó que el apartado 2 del artículo 14 de la Constitución establece que los derechos humanos y ciudadanos, incluidos la libertad de residencia y la libertad de empresa, solo pueden restringirse por ley cuando sea necesario por razones de defensa, seguridad nacional, orden público y seguridad social.
Advirtió que muchas instalaciones estratégicas, como las redes eléctricas, las plantas energéticas, las infraestructuras de telecomunicaciones y los depósitos de combustible, son gestionadas por empresas. Conceder a estas entidades facultades administrativas para decidir sobre la residencia y las actividades comerciales de los ciudadanos podría exceder sus competencias y generar decisiones arbitrarias.
También alertó que la falta de criterios, procedimientos, plazos y motivos para denegar permisos podría dificultar la presentación de reclamaciones y el acceso a la vía contencioso-administrativa, además de obstaculizar la libertad empresarial y provocar conflictos sociales.
Para garantizar la transparencia, el diputado Do Duc Hong Ha propuso que las actividades en estas zonas cumplan las normas técnicas de seguridad y los planes de protección correspondientes, y que los permisos sean expedidos por el Comité Popular competente, previa consulta por escrito con la autoridad policial y la entidad gestora de la instalación. El Gobierno establecería los procedimientos, los plazos, las normas de publicidad de la planificación y los mecanismos para resolver reclamaciones.
Por su parte, el diputado Pham Minh Tuan, de la provincia de Khanh Hoa, propuso añadir al artículo 41 disposiciones sobre la responsabilidad del Estado en la protección de estas instalaciones.
Planteó que el Ministerio de Defensa dirija a las fuerzas bajo su competencia para coordinar la protección de infraestructuras situadas en zonas fronterizas, islas y áreas de plataforma continental, así como el control del espacio aéreo y de los vehículos aéreos no tripulados que lo vulneren.
Señaló que algunas infraestructuras estratégicas se encuentran en zonas geográficas especiales sin pertenecer al ámbito de la defensa ni formar parte de instalaciones militares, como los pozos de exploración y extracción de petróleo y gas, los cables submarinos de fibra óptica y otras obras situadas en las franjas fronterizas.
