Los diputados escucharán la presentación de los proyectos de reforma de esas tres leyes, así como los correspondientes informes de verificación, y posteriormente debatirán los tres proyectos de ley en sesiones de trabajo por grupos.
La reforma de la Ley de Tierras tiene como objetivo institucionalizar de manera integral y oportuna las orientaciones y directrices del Partido recogidas en la Resolución 21-NQ/TW, relativas a la revisión de esta norma y de la legislación conexa. Asimismo, busca concretar las políticas destinadas a impulsar el desarrollo del sector privado y promover avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital nacional, garantizando al mismo tiempo la coherencia y la continuidad del sistema jurídico.
La reforma también pretende resolver cuestiones prioritarias y urgentes surgidas de la práctica, eliminar obstáculos institucionales para movilizar los recursos del suelo al servicio del desarrollo socioeconómico y establecer un modelo de gestión territorial más ágil y eficiente. Para ello, contempla una mayor descentralización, la delegación de competencias y la simplificación de los procedimientos administrativos, en consonancia con las necesidades del modelo de administración local de dos niveles en la nueva etapa de desarrollo.
El proyecto se ha elaborado de conformidad con los principios establecidos en la Resolución 66-NQ/TW, aprobada el 30 de abril de 2025 por el Comité Central del Partido, sobre la renovación de la elaboración y aplicación de las leyes para responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era, así como con la Conclusión 09-KL/TW, emitida el 10 de marzo de 2026 por el Buró Político, relativa al perfeccionamiento de la estructura del sistema jurídico vietnamita para respaldar el desarrollo en la nueva etapa.
En consonancia con esas directrices, la ley establecerá únicamente las orientaciones generales y los principios fundamentales, mientras que los aspectos sujetos a cambios frecuentes quedarán regulados por el Gobierno, los ministerios, los organismos competentes y las autoridades locales. Este enfoque permitirá dotar al marco normativo de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades prácticas.
