Al presidir la tarde del 16 de octubre una conferencia entre la Junta Permanente del Comité del Partido en el Parlamento y los jefes de los grupos partidistas de las delegaciones parlamentarias de las provincias y ciudades, el titular del Legislativo pidió que las decisiones legislativas se centren en resolver los problemas reales y liberar recursos, sin sacrificar la calidad por la rapidez.
El encuentro tuvo como objetivo unificar los principales contenidos que se presentarán en el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.
En su intervención, el presidente del Parlamento señaló que la próxima sesión tendrá una agenda amplia y numerosos asuntos de especial importancia. Los III y IX Plenos del Comité Central del Partido adoptaron decisiones trascendentales, que la Asamblea Nacional debe convertir de manera plena, oportuna y fiel a su espíritu en leyes y resoluciones de calidad.
El Parlamento prevé examinar 57 asuntos y grupos de asuntos, entre ellos la aprobación de 39 leyes y cuatro resoluciones normativas, el debate de otros cuatro proyectos de ley y la decisión sobre diez grupos de cuestiones socioeconómicas y presupuestarias, además de las actividades de supervisión y otros asuntos importantes.
Ante el elevado volumen de trabajo y el tiempo limitado, subrayó que el principio rector debe ser actuar con urgencia, pero sin precipitación; decidir con rapidez, pero sin simplificar los problemas; y promover una renovación profunda sin sacrificar la calidad.
El éxito del período de sesiones, afirmó, no debe medirse por el número de leyes aprobadas, sino por la capacidad de cada decisión para eliminar obstáculos y liberar recursos. Es necesario determinar con precisión si los problemas radican en las directrices, la legislación o la ejecución, y actuar en consecuencia. La reforma legal no puede sustituir la responsabilidad de aplicar las normas, pero tampoco se debe permitir que las disposiciones obsoletas continúen obstaculizando el desarrollo.
En cuanto a la elaboración legislativa, el presidente parlamentario pidió institucionalizar las directrices de manera plena y coherente, vinculando las disposiciones con las competencias, las responsabilidades, los plazos y los recursos. Las leyes deben regular únicamente las cuestiones que corresponden a las atribuciones de la Asamblea Nacional, mientras que la descentralización y la delegación de competencias deben definirse con claridad, sin asumir las funciones del Gobierno ni de las administraciones locales.
Señaló que, gracias a la renovación del enfoque legislativo, durante los últimos dos años se han delimitado con mayor claridad las responsabilidades de la Asamblea Nacional, el Gobierno y las autoridades locales, conforme al principio de que las autoridades locales deciden, ejecutan y asumen la responsabilidad, mientras que los órganos centrales crean las condiciones para el desarrollo.
Recalcó que las cuestiones maduras y claramente definidas deben resolverse sin demora, sin utilizar la necesidad de actuar con cautela como pretexto para aplazar decisiones. En los asuntos que aún suscitan opiniones divergentes, pidió debatir hasta alcanzar una solución, tomando como criterio supremo los intereses nacionales y étnicos, así como los derechos e intereses legítimos de la población.
Al definir la elaboración legislativa como la “prioridad entre las prioridades”, indicó que, junto con las 21 leyes y 11 resoluciones aprobadas en el período anterior, la aprobación de otros 39 proyectos de ley y cuatro resoluciones en esta sesión elevaría a 63 el número de leyes y a 15 el de resoluciones normativas que la Asamblea Nacional promulgaría en 2026. Según el dirigente, este volumen representa un esfuerzo extraordinario para eliminar los obstáculos institucionales.
Entre los textos de mayor complejidad figuran las reformas del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Tierras, la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios, así como la ley consolidada sobre el presupuesto estatal. Estas normas afectan directamente a los derechos humanos y ciudadanos, la vida de la población y las actividades empresariales. Los proyectos fueron debatidos por primera vez durante el primer período extraordinario de sesiones; los proyectos de reforma de la Ley de Tierras y del Código Penal también fueron sometidos a una amplia consulta pública.
Por ello, el titular parlamentario pidió a los diputados centrar los debates en las cuestiones fundamentales, los obstáculos institucionales y las políticas que todavía generan opiniones divergentes, evitando desviarse hacia aspectos de técnica legislativa o repetir el contenido de los expedientes. Asimismo, exigió cumplir estrictamente la Regulación 178-QĐ/TW del Buró Político del Comité Central del Partido sobre el control del poder y la prevención y lucha contra la corrupción y las conductas negativas en la elaboración de leyes.
En el ámbito económico, señaló que, pese al crecimiento del PIB del 9,01 por ciento en los primeros nueve meses del año, solo 12 de las 34 provincias y ciudades registraron un crecimiento superior al 10 por ciento. La expansión económica sigue dependiendo de un número limitado de localidades, mientras que el margen para gestionar la política macroeconómica se reduce. Ante esta situación, instó a cada diputado a identificar con claridad los obstáculos relacionados con las instituciones, los recursos o la ejecución de las políticas, y proponer soluciones concretas.
De cara a 2027, que debe ser un año de aceleración y avances decisivos, con un objetivo de crecimiento del PIB del 10 por ciento o más, el presidente parlamentario subrayó que las decisiones presupuestarias y de inversión pública deben concentrarse en las prioridades y en las tareas con mayor efecto multiplicador, poniendo fin a la dispersión de recursos.
También pidió a los diputados comprender tres grandes relaciones: entre crecimiento y recursos; entre inversión pública e inversión de toda la sociedad; y entre política fiscal y estabilidad macroeconómica. A ello se suma la necesidad de garantizar la seguridad energética, alimentaria, financiera y económica, así como la seguridad política interna y la seguridad cultural e ideológica.
En materia de supervisión, exigió vincular esta labor con la responsabilidad y los resultados concretos, y aplicar la Conclusión 96-KL/TW del Buró Político sobre las orientaciones prioritarias de la supervisión parlamentaria durante la XVI legislatura.
Las interpelaciones deben ser concisas, claras, centrarse directamente en las responsabilidades y orientarse hacia soluciones. Su verdadero valor, recalcó, reside en generar cambios tangibles. En consecuencia, durante este período de sesiones se ampliará el uso de las interpelaciones por escrito y se reservará una jornada para abordar preguntas agrupadas por temas.
