El titular del Legislativo subrayó que la revisión integral del sistema de documentos jurídicos normativos es una tarea de gran importancia y envergadura, sin precedentes, con un plazo ajustado y altas exigencias de calidad.
Al valorar que los trabajos han registrado avances evidentes desde la primera reunión, consideró que la etapa decisiva actual consiste en estandarizar los resultados, elevar la calidad de las conclusiones y convertir cada recomendación en un plan concreto de solución.
“Debe determinarse claramente qué ministerio, sector o localidad, y qué documento normativo presenta aún obstáculos. Si una ley corresponde a la competencia de la Asamblea Nacional, esta debe modificarla; si un decreto corresponde al Gobierno, este debe revisarlo; si una circular compete a un ministerio, dicha cartera debe modificarla; y si un documento de una localidad no es adecuado, corresponde a esa localidad corregirlo”, afirmó.
Pidió a los ministros, jefes de organismos de nivel ministerial y presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades escuchar directamente los informes, emitir sus opiniones y asumir la responsabilidad por la calidad de la revisión realizada en sus respectivas instituciones y localidades.
Los informes, precisó, no deben limitarse a enumerar las deficiencias, sino identificar con claridad las orientaciones, tareas, soluciones y hoja de ruta para perfeccionar las instituciones.
Al señalar que el principal cuello de botella se encuentra actualmente en la implementación, el presidente de la Asamblea Nacional exigió determinar con precisión dónde se ubican los obstáculos, qué organismo es responsable y cuáles son sus causas.
El objetivo de esta revisión integral, enfatizó, no es contar documentos, sino realizar un “inventario de la calidad institucional nacional”, con miras a reestructurar y perfeccionar el sistema jurídico y abrir nuevos espacios para el desarrollo.
Thanh Man pidió al Gobierno instruir al Ministerio de Justicia para incorporar las opiniones recibidas y perfeccionar el informe, con vistas a presentarlo al Comité Permanente de la Asamblea Nacional antes del 31 de agosto de 2026 y a las autoridades competentes antes del 5 de septiembre del mismo año.
Exigió que cada documento propuesto para su tratamiento precise dónde se encuentra el problema, por qué debe resolverse, cómo se procederá, cuándo concluirá el proceso y quién asumirá la responsabilidad.
En el caso de los asuntos complejos e intersectoriales, deberán definirse claramente el organismo responsable, las entidades coordinadoras y el plazo de ejecución, sin trasladar responsabilidades entre las partes.
“Los resultados de la revisión integral deben transformarse inmediatamente en acciones tanto de los órganos legislativos como de los ejecutivos”, afirmó.
Los documentos cuyas deficiencias y soluciones ya hayan sido claramente identificadas deberán modificarse de inmediato, sin esperar a la conclusión de todo el proceso de revisión.
El presidente de la Asamblea Nacional también pidió continuar simplificando el sistema jurídico para hacerlo más accesible, comprensible y fácil de aplicar, reducir los niveles administrativos, los procedimientos y los costos de cumplimiento, así como acelerar la aplicación de tecnologías digitales y la inteligencia artificial en las labores de revisión.
Planteó tres requisitos: no realizar la revisión únicamente para elaborar otro informe, sino para contar con un mejor sistema jurídico; no limitarse a identificar los cuellos de botella, sino eliminarlos; y no solo suprimir lo obsoleto, sino también abrir nuevos espacios para el desarrollo.
También exhortó a no permitir que las regulaciones obsoletas hagan perder oportunidades de desarrollo, que los vacíos legales retrasen decisiones correctas ni que la superposición de competencias se convierta en una excusa para la demora.
