Durante el encuentro, el titular del Parlamento calificó esta tarea como un “inventario institucional total” y un paso preparatorio estratégico para el desarrollo del país en la nueva etapa. Subrayó que no se trata de un trámite administrativo ordinario, sino de una acción decisiva para eliminar los “cuellos de botella” institucionales que frenan el progreso nacional.
Hasta la fecha, la revisión ha logrado avances significativos, incluyendo la emisión de directrices operativas y la realización de seminarios de capacitación a nivel nacional para garantizar la uniformidad en el proceso.
Entre los logros destacados, el Ministerio de Justicia ha puesto en funcionamiento una sección especializada en el Portal Nacional de Legislación, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho público el catálogo de tratados internacionales de los cuales Vietnam forma parte.
Thanh Man enfatizó que esta es la revisión más amplia y profunda realizada hasta ahora, en cumplimiento de las directrices del Buró Político y del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, para perfeccionar una estructura legal sincronizada.
Instruyó que el proceso debe ser “preciso, focalizado y sustancial”, evitando informes superficiales o resultados generales. Señaló que la revisión debe responder con claridad a dos interrogantes fundamentales: qué regulaciones obstaculizan el desarrollo y cuáles son contradictorias o han quedado obsoletas.
Para ello, instó a situar a los ciudadanos y a las empresas en el centro del proceso, escuchando la realidad práctica y recabando opiniones de los sujetos afectados directamente por las leyes. Asimismo, exigió a las agencias competentes completar con urgencia las tareas pendientes para cumplir con el cronograma establecido.
En cuanto a las prioridades futuras, Thanh Man pidió centrarse en sectores de alto impacto como la descentralización de poderes, la ciencia y tecnología, la innovación, el desarrollo de la economía privada y la integración internacional.
Subrayó que la revisión de las normas sobre procedimientos administrativos y servicios públicos digitales debe ajustarse al modelo de gobierno local de dos niveles.
El Ministerio de Justicia, como órgano permanente, deberá habilitar una línea directa para guiar a las localidades y departamentos en la resolución de problemas complejos que surjan durante el proceso, pidió.
Destacando la importancia de la objetividad y el rigor científico, instó a los organismos a no evadir responsabilidades y a proponer con valentía la modificación o anulación de normativas que ya no sean apropiadas, incluso si afectan sus propias facultades de gestión.
Exigió que cada propuesta de cambio sea específica, viable y con una dirección clara, además de fomentar una comunicación amplia para generar consenso social y movilizar la participación de expertos, científicos y la comunidad empresarial en la construcción de un sistema legal robusto.