Durante la rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo correspondiente a abril de 2026, celebrada el 4 de mayo en Hanói, el viceministro de Justicia Nguyen Thanh Tinh informó sobre la implementación de una directiva estratégica que exige a los ministerios y agencias de nivel ministerial limitar su ejecución directa a no más del 30% del total de los trámites bajo su gestión.
Este plan contempla reducir en un 50% tanto el tiempo de resolución como los costes de cumplimiento de los trámites administrativos para el año 2026 en comparación con 2024, además de la eliminación definitiva del 100% de los requisitos comerciales considerados innecesarios.
Para garantizar la viabilidad jurídica de estas reformas, el Ministerio de Justicia ha coordinado un esfuerzo administrativo sin precedentes, logrando que para finales de abril ya se hayan propuesto planes que cumplen con los objetivos gubernamentales.
Según Thanh Tinh, las modificaciones se están tramitando mediante mecanismos acelerados contemplados en la Ley de Promulgación de documentos normativos jurídicos y resoluciones especiales de la Asamblea Nacional para agilizar la corrección de múltiples decretos y leyes de forma simultánea.
Hasta la fecha, el número total de procedimientos administrativos a nivel central se ha reducido a 1.570, lo que representa apenas el 27,31% del total previo, superando las metas iniciales fijadas por el Gobierno, mientras que se ha propuesto la eliminación del 30,3% de las ocupaciones comerciales condicionadas.
Las cifras presentadas reflejan la magnitud del compromiso estatal, con la propuesta de eliminar 1.723 requisitos comerciales superfluos, la abolición de 680 trámites y la simplificación de otros 521. Este esfuerzo permitirá un ahorro adicional de 51.419 días en tiempos de resolución de expedientes, lo que equivale a un recorte del 52,9% del tiempo total requerido anteriormente, y supondrá una reducción de costes de cumplimiento para las empresas estimada en unos 23 billones de dongs (más de 873,3 millones de dólares) anuales.
El viceministro enfatizó que estas acciones no son meramente numéricas, sino que buscan una transformación real en la relación entre el Estado y el sector privado, asegurando que la simplificación sea factible y efectiva en la práctica diaria de los ciudadanos y las corporaciones.
Un cambio fundamental en esta reforma es la transición del modelo de control previo al de control posterior o “pos-inspección”. Bajo las nuevas directivas, los ministerios deben establecer estándares y normas técnicas claras; una vez que las empresas cumplan con dichos criterios, podrán iniciar sus inversiones o actividades comerciales simplemente notificándolo a las autoridades, sin esperar una licencia previa.
No obstante, esta flexibilidad conlleva una mayor responsabilidad para el sector privado, ya que las autoridades realizarán inspecciones posteriores rigurosas. Aquellas entidades que proporcionen información falsa o incumplan las normativas enfrentarán sanciones administrativas severas, la revocación de certificados profesionales e incluso la prohibición permanente de operar en su sector respectivo.
En cuanto a la resolución de los “cuellos de botella” legales, el Ministerio de Justicia ha reportado avances significativos en la gestión de las 787 quejas y recomendaciones identificadas como obstáculos institucionales.
Hasta principios de 2026, se ha dado solución a una gran parte de estos puntos críticos, restando 158 temas prioritarios que el Comité Directivo Central para el Perfeccionamiento de Instituciones ha ordenado abordar próximamente.
El Gobierno también ha instruido a los ministerios de Seguridad Pública, Industria y Comercio, Agricultura y Medio Ambiente, y Construcción para que realicen revisiones adicionales en áreas sensibles como la prevención de incendios, la gestión de parques industriales y las licencias de construcción, con el fin de garantizar que la desburocratización sea integral y sustantiva en todos los niveles.
