En la sesión matutina, los diputados escucharon la presentación de los proyectos de ley y los respectivos informes de evaluación preliminar de cinco propuestas legislativas: las leyes de Seguridad de Datos, de Protección de Instalaciones Importantes Relacionadas con la Seguridad Nacional y la de Identificación y Autenticación Electrónicas, así como las iniciativas de modificación y complementación de varios artículos de la Ley de Gestión y Uso de Armas, Materiales Explosivos y Herramientas de Apoyo, de la Ley de Prevención y Lucha contra Incendios y Salvamento y Rescate, y la Ley de Tratamiento de Infracciones Administrativas (modificada).
A la sesión asistieron el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam; el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; y la presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai.
Refuerzan la gestión de datos y establecen cinco grupos de identificación electrónica
Al presentar los proyectos legislativos, el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, explicó que el proyecto de Ley de Seguridad de Datos establece cinco niveles de riesgo y exige la aplicación de medidas de protección acordes con cada nivel.
Los datos clasificados a partir del nivel 3 deberán someterse a evaluaciones de impacto y auditorías periódicas, mientras que aquellos correspondientes a los niveles 4 y 5 tendrán que recibir la evaluación previa de las autoridades competentes antes de ser transferidos al extranjero.
El proyecto también contempla medidas para proteger los datos utilizados en la investigación y la aplicación de la inteligencia artificial, prevenir el envenenamiento de datos y evitar el acceso y la extracción no autorizados de información.
Por su parte, el proyecto de Ley de Protección de Instalaciones Importantes Relacionadas con la Seguridad Nacional clasifica estas infraestructuras en tres grupos. Asimismo, distribuye las competencias para decidir su inclusión en la lista de instalaciones protegidas entre el primer ministro, el ministro de Seguridad Pública y los presidentes de los comités populares provinciales, en función del tipo de instalación.
En cuanto al proyecto de Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas, se establecen cinco grupos de sujetos y objetos susceptibles de identificación: organismos, organizaciones y personas; productos, mercancías, bienes y otros objetos materiales; datos y servicios digitales; acontecimientos, transacciones y conductas; y lugares y espacios.
La propuesta contempla tres modelos de autenticación electrónica: centralizado, intermediario e independiente. También exige vincular y verificar la identidad electrónica en determinadas transacciones realizadas a través de plataformas digitales.
El proyecto de modificación de las leyes relativas a la gestión y el uso de armas, materiales explosivos y herramientas de apoyo, así como a la prevención y lucha contra incendios y las labores de salvamento y rescate, se centra en ajustar las disposiciones pertinentes de ambas normativas vigentes.
Uno de los aspectos más destacados es el proyecto de Ley de Tratamiento de Infracciones Administrativas (modificada), que consta de seis capítulos y 128 artículos. La iniciativa propone ampliar a dos o tres años el plazo de prescripción para imponer sanciones en determinados sectores. Asimismo, plantea elevar las multas máximas hasta 57 mil dólares para las personas físicas y 116 mil dólares para las personas jurídicas y otras organizaciones. Los importes específicos aplicables a cada sector se recogen en el propio proyecto.
El texto también incorpora nuevas medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las decisiones administrativas. Entre ellas figuran la suspensión temporal del derecho a salir del país; el precintado de sedes, locales, establecimientos o áreas de instalaciones dedicadas a actividades productivas, comerciales y de servicios; y la interrupción del suministro de electricidad y agua.
Además, se propone suspender temporalmente la inspección técnica, el registro de vehículos y la expedición de permisos de conducción, así como interrumpir los servicios de Internet, telecomunicaciones e infraestructura digital. El proyecto contempla igualmente la aplicación de medidas técnicas de prevención y bloqueo del acceso.
Con esas modificaciones, la iniciativa busca ampliar los instrumentos legales disponibles para hacer frente a las infracciones administrativas y reforzar la eficacia de las medidas sancionadoras y coercitivas.
Evaluar cuidadosamente rigor de multas y medidas coercitivas para garantizar su viabilidad
Al examinar cuatro proyectos legislativos -de la Ley de Seguridad de Datos, la Ley de Protección de Instalaciones Importantes Relacionadas con la Seguridad Nacional, la Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas, y la que modifica y complementa varios artículos de dos normativas sobre gestión de armas y materiales explosivos, prevención y lucha contra incendios, salvamento y rescate-, el jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, Le Tan Toi, expresó su conformidad con la necesidad de aprobar estas leyes.
No obstante, en relación con el proyecto de Ley de Protección de Instalaciones Importantes Relacionadas con la Seguridad Nacional, algunas opiniones abogaron por precisar las condiciones, el alcance, la duración, las competencias y los procedimientos para aplicar medidas de protección en situaciones de extrema urgencia.
Asimismo, se consideró necesario concretar en la ley las disposiciones que restringen la libertad de circulación y residencia, así como la grabación de audio y vídeo. También se propuso incorporar principios de supervisión técnica y protección de los datos personales.
Respecto al proyecto de Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas, algunos diputados señalaron que el ámbito de aplicación es demasiado amplio, ya que incluye archivos de datos, aplicaciones, acontecimientos y conductas. Por ello, recomendaron evaluar cuidadosamente su viabilidad y los riesgos de filtración de información, especialmente de secretos de Estado y secretos comerciales.
El proyecto también debería especificar qué campos de información pueden recopilarse, establecer límites a dicha recopilación y definir los estándares técnicos correspondientes, con el fin de garantizar el principio de recopilación mínima de datos y proteger la privacidad.
Estudiar ampliación de los plazos de prescripción y aumento de las multas
Al examinar el proyecto de Ley de Tratamiento de Infracciones Administrativas (modificada), el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, propuso revisar la ampliación del plazo de prescripción para imponer sanciones, de uno a un máximo de tres años, con plazos específicos para cada sector, a fin de garantizar que las infracciones puedan detectarse, prevenirse y sancionarse oportunamente.
Según explicó, en determinados casos el plazo de prescripción de las sanciones administrativas podría extenderse hasta cuatro años, mientras que el plazo de prescripción para perseguir penalmente los delitos menos graves es de cinco años.
Esta situación podría reducir la distinción entre las infracciones administrativas y los delitos penales, además de incrementar la responsabilidad jurídica de los infractores. Por ello, consideró que la cuestión debe analizarse con especial cautela.
En cuanto a la propuesta de elevar las multas máximas de unos 38 mil a 57 mil dólares para las personas físicas, y de 77 mil a 116 mil dólares para las organizaciones, Chi Hieu señaló que el incremento de las sanciones podría reforzar su efecto disuasorio, pero también superar la capacidad económica de particulares y empresas.
En consecuencia, recomendó estudiar la combinación de estas multas con medidas correctivas y sanciones complementarias, como la retirada de licencias o la suspensión de actividades, teniendo en cuenta asimismo la experiencia internacional.
Acerca de las nuevas medidas coercitivas propuestas, la Comisión observó que algunas están dirigidas principalmente a suspender o poner fin a las conductas infractoras, o actuar sobre medios y bienes, por lo que no se ajustan plenamente al objetivo de garantizar la ejecución de las resoluciones sancionadoras.
Por este motivo, consideró necesario revisar y perfeccionar las disposiciones para asegurar que las medidas se dirijan correctamente contra los infractores y respondan a criterios de pertinencia y viabilidad.
Además, el funcionario subrayó que las medidas adoptadas deben responder a su verdadera finalidad: garantizar el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, reforzar su eficacia disuasoria y preventiva, así como la conciencia de respeto a las normas legales.
