Persisten lagunas jurídicas en el camino hacia la transición
La empresa de plásticos Thang Long es uno de los socios de Mainetti, grupo especializado en soluciones de perchas para la industria textil y de la confección. La empresa exporta perchas a Estados Unidos y Europa y posteriormente las importa de nuevo a Vietnam bajo un modelo de reutilización, lo que contribuye a limitar el reciclaje de residuos que podrían perjudicar al medio ambiente.
Aunque los materiales utilizados para fabricar las perchas son 100 por ciento vietnamitas, la empresa enfrenta dificultades al importarlos de vuelta debido a la falta de mecanismos adecuados.
“Si se clasifican como productos plásticos usados, su importación está prohibida. Si se clasifican como residuos, se requiere una licencia ambiental. Esto afectará no solo a esta industria, sino también a muchas otras. La cuestión es cómo puede el Estado establecer políticas que eliminen las barreras jurídicas y permitan a las empresas desarrollar este tipo de actividades”, señaló Le Hoang Long, de la empresa de plásticos Thang Long.
Ante la ausencia de criterios claros sobre los subproductos, las materias primas secundarias y el momento en que un residuo deja de ser considerado como tal, los organismos reguladores temen los riesgos, mientras que las empresas se muestran reticentes a invertir.
Nguyen Huu Thap, vicepresidente de la Asociación de Asuntos Jurídicos Empresariales de Vietnam, señaló que este caso demuestra cómo el circuito de la economía circular se rompe en la frontera entre “residuo” y “recurso”.
También existe el riesgo de que los procedimientos se vuelvan “más verdes” sobre el papel, en lugar de que la propia economía sea más verde. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (EPR), los inventarios de gases de efecto invernadero, el mercado de carbono, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las normas de las cadenas de suministro y los requisitos para la exportación requieren datos. Si cada organismo exige un formulario, una plataforma y una inspección por separado, la transición verde se convertirá en otra fuente de costos de cumplimiento, advirtió.
Para las empresas, Nguyen Huu Thap señaló que el tiempo es un costo, los procedimientos son un costo y la falta de claridad constituye un riesgo para la inversión. Si la transición verde implica obtener más permisos, acceder a créditos a costos más elevados y asumir mayores riesgos jurídicos, las instituciones estarán enviando una señal contraria a la que se necesita para impulsar dicha transición.
Construir un ecosistema institucional coherente para la economía verde
Vietnam ha promulgado la Ley de Protección Ambiental y la Estrategia de Crecimiento Verde, así como programas sobre economía circular y la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), y ha desarrollado una taxonomía verde, mecanismos de crédito verde y un mercado de carbono.
El año 2026 marca un cambio hacia la puesta en práctica de los modelos de economía verde. Entretanto, la bolsa de carbono ha comenzado a operar y el crédito verde pendiente se sitúa en alrededor de 828,8 billones de dongs (31,87 mil millones de dólares). Asimismo, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea ha entrado en su fase definitiva.
Sin embargo, numerosos expertos consideran que las disposiciones jurídicas sobre la economía verde y la economía circular siguen siendo fragmentarias. La falta de conexión entre las normas ambientales y las que regulan la inversión, el suelo, la construcción, la energía, la fiscalidad, las normas técnicas y los contratos dificulta que las empresas identifiquen soluciones adecuadas.
Las disposiciones relativas a incentivos fiscales, de suelo y crediticios para proyectos de economía circular remiten en gran medida a leyes especializadas, pero las normas necesarias para hacer efectivos esos incentivos siguen sin completarse. Como resultado, continúa siendo limitado el número de proyectos que realmente reciben incentivos significativos y suficientemente atractivos como para modificar las decisiones de inversión de las empresas.
Mientras tanto, el mercado de carbono requiere un mayor desarrollo jurídico en cuestiones relacionadas con la condición jurídica de los créditos de carbono y los derechos de emisión, así como con su propiedad, transferencia, utilización como garantía y mecanismos de solución de controversias.
El profesor asociado y doctor Ngo Tri Long, de la Asociación de Consultoría Financiera de Vietnam, propuso revisar la legislación a lo largo de toda la cadena de actividades económicas para identificar y resolver los principales puntos de intersección que permitan apoyar de manera coherente la transición verde y circular, evitando lagunas jurídicas y posibilitando que los residuos se conviertan realmente en recursos.
Esta labor debería ir acompañada de una “auditoría de los procedimientos administrativos verdes”, añadió.
La Asociación de Asuntos Jurídicos Empresariales de Vietnam propuso establecer el principio de “un proyecto verde, un conjunto de datos, un punto focal y un plan de inspección”; crear un marco jurídico que permita que los materiales que cumplan los requisitos vuelvan a incorporarse al proceso productivo; convertir la taxonomía verde en un “pasaporte” para acceder a los recursos; y construir una plataforma nacional de datos verdes basada en el principio de que las empresas solo tengan que proporcionar la información una vez.
El doctor Nguyen Van Cuong, director del Instituto de Estrategia y Ciencias Jurídicas del Ministerio de Justicia, afirmó que las instituciones deben hacer que las opciones verdes resulten económicamente beneficiosas. Las empresas no pueden sostener la transición verde únicamente mediante llamamientos.
La legislación debe aplicar gradualmente el principio de internalización de los costos ambientales, al tiempo que armoniza los instrumentos administrativos y económicos con los mecanismos basados en el mercado. La taxonomía verde nacional debe convertirse realmente en un “lenguaje común” para el Estado, los bancos, los inversores y las empresas a la hora de determinar qué constituye una actividad económica verde, orientando así el capital hacia los ámbitos adecuados y limitando el “greenwashing”.
