La EPR es una herramienta importante para pasar del modelo tradicional de gestión de residuos a la economía circular. En este marco, la responsabilidad sobre los productos y envases se amplía del Estado a los productores e importadores, desde que los productos llegan al mercado hasta su recogida y reciclaje después del uso.
Uno de los cambios destacados es la propuesta de eliminar la modalidad de contribución financiera para cumplir con las obligaciones de reciclaje. Los productores e importadores deberán organizar directamente la recogida y el reciclaje, o hacerlo a través de entidades con capacidad suficiente.
Según Tang The Cuong, director del Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la EPR no debe considerarse únicamente una obligación financiera, sino que debe incentivar a las empresas a modificar el diseño de los productos, elegir materiales, organizar la recogida y el reciclaje e invertir en soluciones de economía circular.
El proyecto permite a las empresas elegir distintas modalidades, como recoger directamente los productos, transferirlos a entidades de reciclaje, contratar servicios de recogida y reciclaje, delegar estas tareas en una organización intermediaria (PRO), exportarlos para su reciclaje o combinar varios métodos.
En la hoja de ruta prevista, a partir de 2030 para los envases y de 2033 para los grupos de productos, la aplicación se centrará más en la recogida directa, la transferencia a instalaciones de reciclaje o la delegación en una PRO.
Sin embargo, la responsabilidad directa también exige resolver el principal obstáculo de la recogida, ya que muchos productos usados se generan de forma dispersa en hogares, organismos públicos y escuelas.
El proyecto propone permitir que productores, importadores, PRO, instalaciones de reciclaje y entidades de tratamiento de residuos establezcan puntos de recogida capaces de recibir distintos tipos de productos y envases, independientemente de la marca. Para los grupos de productos cuya recogida y reciclaje sean difíciles, la cantidad pendiente de cumplir podrá trasladarse al año siguiente.
Fritz Flanderka, director ejecutivo de Reclay Group, puntualizó que no existe un modelo universal de EPR para todos los países; su organización debe adaptarse a las condiciones institucionales, del mercado y a la capacidad de recogida y reciclaje de cada país.
Las PRO deberán cumplir requisitos de capacidad organizativa y financiera, gestión electrónica de datos y contabilidad separada. Asimismo, deberán coordinar la recogida, el transporte, la clasificación y la transferencia para el reciclaje, verificar las cantidades recicladas, presentar informes y realizar auditorías independientes.
Las tasas obligatorias de reciclaje se prevén establecer en ciclos de tres años, inicialmente para los períodos 2029-2031 y 2032-2034, con ajustes de no más del 10 por ciento en cada ciclo.
También será necesario integrar gradualmente al sector informal de recogida en la cadena oficial de recuperación y reciclaje. De acuerdo con Francesca Nardini, representante adjunta residente del PNUD en Vietnam, la EPR solo será eficaz si cuenta con un sistema sostenible de aplicación, acompañado de mecanismos de concesión de licencias, presentación de informes, verificación y sanciones adecuadas.
Perfeccionar la EPR no significa únicamente modificar las obligaciones de las empresas, sino también construir un ecosistema que abarque la recogida, clasificación, reciclaje, gestión de datos y supervisión, creando así un impulso real para el mercado del reciclaje y la transición hacia una economía circular.
