Según datos de la Oficina de Tráfico de la Policía Nacional, en el país hay actualmente más de 7,2 millones de automóviles y 80,6 millones de motocicletas registradas. Muchos de estos vehículos, en particular las motocicletas, han estado en circulación durante años sin una adecuada inspección ni mantenimiento, lo que los convierte en una fuente importante de contaminación. Sin embargo, el control de las emisiones sigue siendo insuficiente, especialmente en las grandes ciudades donde la concentración de vehículos es más alta.
Para hacer frente a esa problemática, el Gobierno ha adoptado medidas clave, como la Decisión 876/QD-TTg de 2022, que promueve la transición hacia energías limpias, y la Directiva 20/CT-TTg de 2025, que establece tareas urgentes para abordar la contaminación ambiental.
Además, el Ministerio de Seguridad Pública ha dotado a la Policía de Tráfico con tecnología avanzada para medir las emisiones y el ruido de los vehículos, lo que les ha permitido detectar y sancionar infracciones en este ámbito.
A pesar de dichos esfuerzos, persisten varios desafíos, como la falta de normativas claras para las pruebas de emisiones, la escasez de equipos especializados y la falta de coordinación entre las diferentes agencias responsables.
Para superar los mencionados obstáculos, es fundamental actualizar las políticas y leyes existentes, reforzar la capacitación de las autoridades y aplicar nuevas tecnologías para el control de las emisiones.
Además, es crucial fomentar la transición hacia vehículos ecológicos mediante incentivos como la reducción de impuestos y tarifas para los vehículos limpios, al tiempo que se aumenta la carga tributaria sobre los vehículos que operan con combustibles fósiles. También es necesario mejorar la infraestructura para vehículos eléctricos y el transporte público en las zonas urbanas.
Con la implementación de esas medidas urgentes y coordinadas, se espera lograr una significativa reducción de las emisiones vehiculares, lo que contribuirá a la protección del medio ambiente y la salud pública y a alcanzar el objetivo nacional de neutralidad de carbono (Net Zero).
