La directiva responde a la persistencia de actividades ilícitas complejas en múltiples sectores comerciales y localidades. Estas irregularidades dañan directamente el entorno de la inversión extranjera, frenan la competitividad de los negocios locales y vulneran los derechos legítimos de los ciudadanos y del sector empresarial.
El documento señala que se está reforzando la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en todos los ámbitos, desde la detección, prevención y lucha contra las infracciones hasta la investigación, tramitación y enjuiciamiento de los casos, con la participación coordinada de los ministerios y organismos pertinentes.
En consecuencia, el documento exige “cumplir estrictamente las disposiciones legales y sancionar severamente las infracciones bajo el principio de no tolerar zonas intocables ni excepciones”.
La protección estricta de la propiedad intelectual exige algo más que la aplicación de la ley: un cambio de perspectiva para considerarla como un motor clave para la seguridad económica, el entorno de inversión y la competitividad de la nación y no como un área legal aislada.
En un contexto en el que la innovación es un catalizador del crecimiento y la competitividad, y en el que ambos dependen cada vez más de la tecnología, los datos y los derechos de propiedad intelectual, la protección y aplicación de estos derechos son fundamentales para las políticas de desarrollo económico. Por ello, constituyen uno de los pilares de las estrategias competitivas de numerosos países en la era de la economía digital.
En los últimos años, la legislación sobre propiedad intelectual se ha ido perfeccionando gradualmente, lo que ha dotado al país de un marco jurídico sólido y favorable para la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Esto ha fomentado la innovación, ha contribuido a aumentar la productividad, la calidad y el prestigio de los productos nacionales, y ha mejorado la competitividad de la economía, favoreciendo así el proceso de integración económica internacional de Vietnam.
Según los expertos, la Ley de Propiedad Intelectual modificada ha incorporado medidas destinadas a abordar las infracciones en el ciberespacio y ha elevado los niveles de indemnización por daños y perjuicios.
La promulgación del Despacho Oficial No. 38/CD-TTg facilitará una aplicación más contundente de las disposiciones legales, protegerá los derechos e intereses legítimos de organizaciones y personas, al tiempo que contribuirá a construir un entorno empresarial transparente y saludable.
En este contexto, las empresas se ven obligadas a adaptarse a las exigencias de cumplimiento de las disposiciones legales.
Si antes las empresas solían considerar la propiedad intelectual como un mero trámite burocrático para el registro de patentes y diseños industriales, hoy deben entenderla como una parte esencial de su capacidad de gestión.
La correcta aplicación de las normativas de propiedad intelectual no solo garantiza la protección legal de los creadores, sino que también permite a las empresas aprovechar eficazmente los valores creados y evitar litigios por infracciones a terceros.
De lo contrario, las empresas difícilmente podrán participar en los segmentos de mayor rentabilidad dentro de las cadenas globales de valor.
La piratería amenaza todas las actividades empresariales, desde el uso de tecnologías existentes, la explotación de datos en Internet y la utilización de programas informáticos hasta las actividades de marketing, las transmisiones en directo para ventas o la publicidad en plataformas digitales.
Por ejemplo, el uso de contenidos de origen dudoso, la difusión no autorizada de imágenes o música, o la cooperación con socios infractores pueden convertir a las empresas en un eslabón dentro de la cadena de actos que vulneran los derechos de propiedad intelectual.
A medida que se intensifica la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, las empresas deben controlar desde el principio los riesgos relacionados con estos derechos en todas sus actividades, desde el desarrollo de productos hasta las operaciones comerciales.
Un entorno empresarial transparente no solo depende de lo rigurosas que sean las disposiciones legales, sino también del grado de cumplimiento de cada uno de los actores de la sociedad.
La firme aplicación de los derechos de propiedad intelectual fomentará el cumplimiento de la legislación en esta materia en el ámbito empresarial y en toda la sociedad, lo que reforzará el prestigio y la competitividad de la economía.
