Elevan estándares de aplicación de la propiedad intelectual

La Directiva del Primer Ministro n.º 38/CD-TTg, emitida el 5 de mayo de 2026, ordena adoptar medidas para prevenir y combatir las infracciones de la propiedad intelectual y exige aplicar soluciones contundentes contra la falsificación y las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Esta directiva no solo pone en marcha una campaña para reprimir las infracciones de la propiedad intelectual, sino que también exige unos niveles más altos de protección de la propiedad intelectual.

Identificar las infracciones para elevar la eficacia de la aplicación de la ley

En la práctica, los consumidores suelen asociar los productos falsificados con artículos que tienen logotipos falsos, envases imitados, un origen adulterado o una procedencia desconocida. Sin embargo, no todas las infracciones son iguales desde el punto de vista jurídico. La normativa las desglosa en tres categorías: calidad y funcionalidad, etiquetado y origen, y violaciones de los derechos de propiedad industrial que no llegan a ser productos falsos.

Esta clasificación determina la forma en que el Estado interviene en el mercado. Cuando la falsificación altera la calidad o la composición, la prioridad es la seguridad humana, la salud pública y la protección del consumidor. Sin embargo, en caso de plagio de marcas, el enfoque se centra en el engaño al consumidor y la apropiación indebida de la reputación comercial. Si una marca presenta similitudes que pueden generar confusión, las autoridades evalúan cuidadosamente el alcance de la protección jurídica, la categoría de productos, los canales de distribución y el contexto de uso.

Recientemente, la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Tecnología Herbitech, con sede en Hanói, fue objeto de una intervención judicial al ser acusada de producir alimentos funcionales falsificados a gran escala durante varios años. Las autoridades imputaron a 19 personas por delitos relacionados con la producción y comercialización de productos falsificados, irregularidades contables y blanqueo de capitales. En este tipo de casos, la atención se centra principalmente en la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos, más que en las marcas comerciales.

En materia de propiedad intelectual, el uso ilícito de marcas registradas o indicaciones geográficas protegidas requiere una actuación rápida y suficientemente disuasoria. Estas infracciones suelen darse en mercancías, envases o etiquetas que presentan signos idénticos o similares a los originales, capaces de inducir a error a los consumidores respecto al origen de los productos.

Un ejemplo impactante ocurrió en Ciudad Ho Chi Minh, donde la empresa Viet Hai explotó ilegalmente el prestigio de la indicación geográfica "Phu Quoc" para vender salsa de pescado. Las autoridades confiscaron temporalmente 920 botellas para procesarlas conforme a la ley. Este tipo de infracción perjudica a los consumidores y daña la reputación de las zonas productoras, así como la confianza en el mercado, especialmente en sectores relacionados con alimentos, medicamentos, cosméticos y productos esenciales.

En materia de propiedad intelectual, el uso ilícito de marcas registradas o indicaciones geográficas protegidas requiere una actuación rápida y suficientemente disuasoria. Estas infracciones suelen darse en mercancías, envases o etiquetas que presentan signos idénticos o similares a los originales, capaces de inducir a error a los consumidores respecto al origen de los productos.

Las mercancías que vulneran los derechos de propiedad industrial deben ser evaluadas exhaustivamente por los organismos competentes para evitar juicios precipitados. En la práctica, un signo similar a una marca protegida puede generar confusión, pero no constituye necesariamente falsificación, ya que puede estar relacionado con actividades de distribución, maquila, importación paralela, disputas contractuales, alcance de la protección o formas de uso efectivo en el mercado. Por ello, estos casos no deben considerarse automáticamente como productos falsificados ni trasladarse de inmediato a la vía penal.

El caso ASANZO vs. ASANO ejemplifica que no toda marca parecida es una falsificación. Este caso demostró que muchas controversias deben abordarse como disputas de propiedad industrial, atendiendo al alcance de la protección, el uso real y el potencial de confusión.

Por ello, un sistema eficaz de protección de la propiedad intelectual no solo debe basarse en la dureza de los castigos, sino también en clasificar correctamente las infracciones y definir adecuadamente las competencias de organismos como la administración de mercado, las aduanas, la policía, los tribunales y las agencias especializadas en propiedad intelectual.

La eficacia en la aplicación de la normativa de propiedad intelectual también depende de la elección de los mecanismos de actuación más adecuados. Los casos evidentes de falsificación organizados a gran escala que afecten a la salud y la seguridad o que impliquen actividades transfronterizas deben abordarse con rapidez y firmeza. En cambio, las disputas complejas relacionadas con similitudes que puedan generar confusión, el alcance de la protección, las actividades de distribución, maquila o importación paralela requieren una evaluación cuidadosa.

La lucha contra la falsificación vinculada a la protección de activos intelectuales

Para las localidades, la lucha contra la falsificación no debe limitarse a tareas de inspección de mercado, sino vincularse con la protección de sus activos competitivos, incluidos productos emblemáticos, indicaciones geográficas, marcas colectivas, productos OCOP y zonas de origen de materias primas.

Productos reconocidos como el ginseng Ngoc Linh o los nidos de golondrina de Khanh Hoa han tardado años en consolidar su prestigio, pero su reputación puede desmoronarse en días a causa de unos pocos casos de falsificación o imitación. Las pérdidas afectan no solo a las empresas, sino también a los productores, distribuidores, actividades turísticas y a la imagen de las propias localidades.

Por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual no solo deben verse como procesos de registro, sino también como instrumentos para la gestión y el desarrollo. Las autoridades locales deben crear bases de datos para aplicar la normativa relacionada con productos estratégicos, que incluyan certificados de protección, entidades autorizadas para utilizarlos, muestras de productos auténticos, señales para identificar falsificaciones, envases legítimos, sistemas de distribución, establecimientos oficiales e información proporcionada por los consumidores. Los titulares de los derechos deben facilitar la información pertinente y el Estado debe establecer mecanismos de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, los titulares de las indicaciones geográficas y los productos OCOP, así como mecanismos de coordinación ágil entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, los organismos especializados y las autoridades locales.

En el contexto de una economía cada vez más digitalizada, esta exigencia resulta aún más urgente. Sin mecanismos eficaces de control, las indicaciones geográficas, marcas colectivas y productos OCOP pueden ser fácilmente objeto de falsificación tanto en mercados tradicionales como en plataformas de comercio electrónico.

Combatir la falsificación en plataformas digitales y redes sociales representa un gran desafío debido a que los productos falsificados pueden desaparecer y reaparecer rápidamente bajo diferentes nombres. Por ello, la lucha contra la falsificación en el ciberespacio requiere rastrear toda la cadena de suministro, desde el origen de las mercancías hasta actividades publicitarias, almacenamiento, entrega y flujo financiero. En este proceso, la Ley de Propiedad Intelectual debe aplicarse de manera coordinada con las regulaciones sobre comercio electrónico, datos y ciberseguridad.

La lucha contra la falsificación en el ciberespacio requiere rastrear toda la cadena de suministro, desde el origen de las mercancías hasta actividades publicitarias, almacenamiento, entrega y flujo financiero. En este proceso, la Ley de Propiedad Intelectual debe aplicarse de manera coordinada con las regulaciones sobre comercio electrónico, datos y ciberseguridad.

Una economía orientada al desarrollo basado en calidad, innovación y marcas no puede permitir que la falsificación y la apropiación indebida de reputación deterioren la confianza del mercado.

Elevar los estándares de aplicación de la propiedad intelectual no significa únicamente aumentar las sanciones o el número de casos procesados, sino identificar correctamente la naturaleza de cada infracción, aplicar mecanismos adecuados y proteger el valor competitivo de empresas y localidades.

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