El documento, remitido al Gobierno, se basa en consultas con distintos sectores y en una encuesta rápida realizada entre el 16 y el 22 de marzo a 228 empresas. Los resultados muestran que el impacto ha dejado de ser un riesgo potencial para convertirse en una presión concreta sobre la actividad empresarial.
El 62,7 por ciento de las compañías considera que la afectación es grande o muy grande, mientras que el 55,3 por ciento afirma haber experimentado efectos directos. Los sectores más afectados son la energía, el transporte, la importación y exportación, la manufactura y la agricultura.
Uno de los principales focos de presión es el aumento de los costos de insumos, señalado por el 87,7 por ciento de las empresas, con un 50,4 por ciento que reporta incrementos significativos. La mayoría registra subidas de entre el cinco por ciento y el diez por ciento, aunque un 18,4 por ciento indica alzas superiores al 20 por ciento. Este encarecimiento responde principalmente al aumento de los precios de la energía, materias primas, logística y financiamiento, afectando con mayor intensidad a sectores como transporte, comercio exterior, industria y construcción.
El informe advierte que, de no adoptarse medidas adecuadas, esta presión de costos podría trasladarse a los precios finales, erosionar los márgenes, afectar el flujo de caja y comprometer la capacidad de las empresas para sostener pedidos y operaciones.
A ello se suma la disrupción en el transporte internacional y la logística. El 52,2 por ciento de las empresas encuestadas reporta afectaciones en este ámbito, con incrementos de tarifas, retrasos en los tiempos de entrega y mayores costos operativos. En general, los gastos logísticos han aumentado entre un cinco por ciento y un 15 por ciento, aunque un 8,1 por ciento de las empresas señala incrementos superiores al 30 por ciento.
En paralelo, el 53,5 por ciento de las compañías indica una disminución de pedidos en mercados de exportación, especialmente en Asia y Oriente Medio, lo que evidencia que el impacto del conflicto se extiende también a la demanda y a la capacidad de mantener mercados.
El entorno financiero tampoco ha quedado al margen. Un 64,5 por ciento de las empresas ha tenido que posponer o ajustar sus planes de inversión. Entre las principales dificultades destacan el aumento de los costos financieros, las restricciones en el acceso al crédito, la volatilidad cambiaria y las presiones en los pagos internacionales.
En este contexto, la capacidad de resistencia empresarial se muestra limitada: el 59,3% la califica como media, mientras que el 23,7 por ciento la considera baja, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
Expertos coinciden en que los conflictos geopolíticos actuales no responden a dinámicas de corto plazo, sino que forman parte de un entorno global más complejo, con implicaciones duraderas sobre la economía internacional.
Ante este panorama, el Comité recomienda que el Gobierno priorice la estabilización de los precios de la energía y garantice el suministro para aliviar la presión sobre los costos de producción.
También subraya la urgencia de implementar medidas de apoyo financiero, como facilitar el acceso al crédito, reducir las tasas de interés y reestructurar deudas para mejorar el flujo de caja, especialmente en pymes y sectores más vulnerables.
Asimismo, insta a reforzar los sistemas de información, previsión y alerta temprana, y a intensificar el diálogo público-privado para diversificar mercados, fuentes de suministro y rutas logísticas. El informe también destaca la necesidad de acelerar la reforma administrativa, eliminar barreras legales y asegurar una aplicación coherente de las políticas para reducir los costos de cumplimiento empresarial.
Además, el Comité resalta la importancia de implementar la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. También señala que las actuales disrupciones en las cadenas globales de suministro de alimentos representan una oportunidad estratégica para que Vietnam refuerce su posición en este ámbito.
Finalmente, en un contexto de mayores riesgos, especialmente en materia de ciberseguridad, el informe recomienda fortalecer la capacidad de las empresas para prevenir y responder a amenazas digitales, con el fin de mitigar sus impactos.
