El presidente Ferdinand Marcos Jr. firmó el 24 de marzo la Orden Ejecutiva 110, advirtiendo que el conflicto actual, marcado por las hostilidades que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, está generando una grave incertidumbre en los mercados globales y una presión al alza en los precios del petróleo.
Como país archipelágico de aproximadamente 116 millones de habitantes y neto importador de combustible, Filipinas es altamente vulnerable a las interrupciones en rutas marítimas críticas como el estrecho de Ormuz.
La declaración de emergencia, que tendrá una vigencia inicial de un año, activa el marco de respuesta denominado “Paquete Unificado para el Sustento, la Industria, la Alimentación y el Transporte” (UPLIFT, por sus siglas en inglés). Este mecanismo faculta al Departamento de Energía (DOE) para realizar pagos anticipados con el fin de asegurar contratos de combustible, combatir el acaparamiento y la especulación, y agilizar la aprobación de proyectos energéticos estratégicos.
Ante el encarecimiento del gas natural licuado (GNL), las autoridades filipinas están recurriendo a medidas a corto plazo para frenar el aumento de los costos de electricidad, lo que incluye elevar la producción de las plantas térmicas de carbón. Actualmente, el carbón representa cerca del 60 por ciento de la generación eléctrica nacional, y el Gobierno está explorando incrementar las importaciones desde Indonesia, su principal proveedor. Asimismo, se ha autorizado temporalmente el uso de combustibles menos refinados (estándar Euro II) para el transporte y la industria como medida de contingencia para mitigar el impacto económico.
Para proteger a los sectores más vulnerables, la orden ejecutiva también otorga facultades al Departamento de Transporte para dirigir subsidios al combustible para trabajadores del transporte público, agricultores y pescadores, además de considerar la suspensión de peajes y tasas de aviación.
A pesar de la crisis, el reciente descubrimiento de reservas de gas natural cerca del campo de Malampaya ofrece una perspectiva de alivio para la isla principal de Luzón en los próximos años. El Gobierno filipino ha destinado aproximadamente unos 427 millones de dólares para crear una reserva estratégica de diésel equivalente a diez días adicionales de suministro, sumándose a los 45 días de existencias actuales.
