Premier vietnamita insta a ajustar criterios de acceso a viviendas sociales según condiciones locales

Durante la primera sesión del Comité Directivo Central sobre políticas de vivienda y mercado inmobiliario, celebrada en línea con diversas provincias, el jefe de Ejecutivo destacó que la vivienda es una prioridad en las políticas de bienestar social, y subrayó la necesidad de una colaboración estrecha entre el Estado, los gobiernos locales y el sector privado.

En su intervención, el primer ministro afirmó que es fundamental garantizar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos, y que los criterios para optar a una vivienda social deben ser realistas, flexibles y diferenciados por zonas geográficas, atendiendo a las particularidades económicas de cada región.

Según datos presentados en la reunión, el mercado inmobiliario nacional muestra señales de recuperación. En los primeros nueve meses de 2025, se han registrado más de mil proyectos de viviendas comerciales, de los cuales 960 están en construcción, con una oferta que supera los 149 mil apartamentos y 249 mil casas unifamiliares.

En paralelo, se están ejecutando 692 proyectos de vivienda social con más de 633 mil unidades previstas. De estas, 165 proyectos ya han sido finalizados, aportando más de 110 mil viviendas al parque habitacional. También se ha logrado eliminar más de 334 mil viviendas precarias en todo el país.

El número total de transacciones inmobiliarias alcanza las 430 mil, con un leve aumento respecto al mismo período del año anterior. Mientras que los apartamentos de gama media se recuperan en grandes ciudades, el mercado de terrenos permanece estancado.

El saldo del crédito destinado al sector inmobiliario superó 151,4 mil millones de dólares hasta el 31 de julio, un aumento cercano al 17% respecto a finales de 2024, representando casi una cuarta parte del total del crédito nacional.

Los programas de préstamos preferenciales para vivienda social han mostrado un progreso significativo. El paquete de más de 1,13 mil millones de dólares impulsado por el Gobierno ha desembolsado más de 87 millones de dólares, mientras que el programa bajo el Decreto 100 ya acumula una deuda superior a los 719,2 millones de dólares.

No obstante, persisten retos importantes. La oferta sigue concentrada en los segmentos medio y alto, escasean viviendas asequibles y muchos proyectos enfrentan demoras debido a trabas legales, falta de presupuesto o limitada capacidad de ejecución por parte de los desarrolladores.

El primer ministro instó a acelerar la reforma administrativa, recortar trámites innecesarios y fortalecer la descentralización, especialmente en áreas como suelo, vivienda y acceso al crédito.

También propuso medidas para reducir el coste de las viviendas, como el abaratamiento de terrenos, materiales de construcción y la mejora de infraestructura pública (carreteras, electricidad, agua, telecomunicaciones) que facilite nuevos espacios habitacionales.

Destacó el papel regulador del Estado mediante herramientas financieras, incluyendo impuestos y tasas, para estabilizar los precios del mercado.

Además, planteó la necesidad de establecer políticas que reduzcan los tipos de interés y amplíen los plazos de los préstamos hipotecarios, facilitando así el acceso a la vivienda para la población vulnerable.

En ese contexto, pidió completar la creación del Fondo Nacional de Vivienda durante septiembre de 2025, y exhortó a las autoridades locales a destinar recursos para infraestructura y apoyo financiero a los compradores de vivienda social.

El jefe de Gobierno respaldó las propuestas del Ministerio de Construcción y otras entidades, y encargó a dicha cartera que, en colaboración con los gobiernos locales, seleccione a empresas con experiencia, solvencia y compromiso social para desarrollar proyectos piloto de vivienda social, aplicando el principio de “beneficio compartido, riesgo compartido”.