El Decreto 340/2025/ND-CP, que entrará en vigor el 9 de febrero de 2026, impone multas de hasta 20 millones de dongs (761 dólares) para individuos que compren o vendan oro con entidades no autorizadas.
La nueva normativa busca fortalecer la disciplina en el mercado del oro. Las multas más altas, que alcanzan los 400 millones de dongs (15,232 mil dólares) para organizaciones, se aplican a las infracciones más graves, como la producción o comercio de lingotes de oro sin la licencia correspondiente, o la importación/exportación ilegal de oro en bruto o en lingotes. Actividades como no declarar públicamente los precios del oro, producir joyas sin cumplir los estándares o utilizar oro como medio de pago también serán sancionadas.
Un aspecto destacado es la penalización directa a los individuos que participen en transacciones con intermediarios no autorizados. Comprar o vender lingotes de oro con una empresa que carezca de la licencia específica, o realizar pagos por oro fuera de las cuentas bancarias designadas, ahora conllevará una advertencia oficial para la primera infracción. En caso de reincidencia o de múltiples violaciones, la multa para el individuo será de entre 10 y 20 millones de dongs (de 380 a 761 dólares). Esta medida busca desincentivar la participación en el mercado informal y canalizar las operaciones a través de canales regulados, como los bancos y las empresas autorizadas.
El decreto también establece controles estrictos sobre el movimiento transfronterizo de oro, con multas de 80 a 100 millones de dongs (tres mil a 3,8 mil dólares) por llevar oro al salir o entrar al país de manera ilegal, excluyendo los casos ya cubiertos por la legislación aduanera.
En el ámbito cambiario, las sanciones se escalonan según el monto de la transacción ilegal. Comprar o vender divisas con otra persona o en una organización no autorizada puede resultar en una simple advertencia si el valor es inferior a mil dólares estadounidenses. Sin embargo, la multa aumenta progresivamente hasta un máximo de 80-100 millones de dongs para transacciones que igualen o superen los 100 mil dólares, penalizando así las operaciones de mayor volumen que buscan eludir los canales oficiales.
La normativa también aborda otras áreas críticas del sector financiero. Se imponen multas considerables por violaciones relacionadas con la adquisición de acciones entre instituciones crediticias, el incumplimiento de los procedimientos de captación de depósitos y la aplicación de tasas de interés no conforme a lo anunciado. En el mercado de bonos corporativos, se sanciona con dureza la falta de supervisión sobre el uso de los fondos recaudados y la participación en transacciones no canalizadas a través de pagos electrónicos, con multas de hasta 150 millones de dongs (5,712 mil dólares).
El decreto establece claramente que las multas para las organizaciones serán el doble de las aplicadas a los individuos por la misma infracción. Para el personal de los fondos de crédito o de las instituciones de microfinanzas, las sanciones individuales equivalen al 10 por ciento de las tasas estándar, mientras que las multas aplicables a las organizaciones se duplican en consecuencia.