El objetivo principal del plan es mejorar la eficiencia en la supervisión y garantizar una respuesta oportuna ante actos de corrupción, evitando omisiones o injusticias. Además, busca reforzar la responsabilidad de los organismos y los individuos encargados de procesar información sobre delitos, promover una mayor coordinación entre las instituciones y contribuir al fortalecimiento del orden y la disciplina.
El plan también establece una revisión exhaustiva de la situación actual en la supervisión de sectores de alto riesgo, como aquellos propensos a la corrupción, para perfeccionar los mecanismos y procedimientos existentes, con competencias y responsabilidades claramente definidas.
Otro de los enfoques clave es fortalecer la ética profesional, la integridad política y la capacidad del personal encargado de estas labores, especialmente aquellos que trabajan en áreas como investigación, fiscalía, judicatura, inspección y auditoría.
Asimismo, se prioriza la creación de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional, garantizando una cooperación fluida y coherente entre las diversas agencias de control del Partido, así como las instituciones encargadas de la inspección, la investigación, la fiscalía, los tribunales y la ejecución de sentencias, siempre dentro de sus competencias.
El plan también subraya la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la recepción y gestión de denuncias, especialmente en casos relacionados con la corrupción y prácticas negativas. Se fomentará la participación activa de la ciudadanía, los medios de comunicación y otras organizaciones sociales en la supervisión, conforme a la ley.
La supervisión del cumplimiento de la legislación en los procesos de recepción y resolución de información sobre delitos será reforzada, con énfasis en corregir cualquier deficiencia o violación en la transmisión de esta información entre las entidades competentes. Además, el plan señala la digitalización como una prioridad clave, con la meta de modernizar los procedimientos y crear sistemas de datos compartidos entre las autoridades.
Por otro lado, el plan propone evaluar la labor de inspección y supervisión entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2025, enfocándose en sectores vulnerables como la gestión de tierras, recursos naturales y minerales; las inversiones públicas; las finanzas, la banca y los impuestos; y los sistemas de salud, educación y seguridad social.
Los resultados de esta evaluación permitirán definir orientaciones, tareas y soluciones para la supervisión hasta 2030, alineadas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción y los Fenómenos Negativos.
Entre las principales medidas del plan se destacan el fortalecimiento del liderazgo del Partido, la mejora del marco institucional y legal, la intensificación de la cooperación intersectorial e internacional, la mejora del personal encargado de la supervisión, y la promoción de la digitalización en los procesos relacionados con la lucha contra la corrupción.