El borrador de Ley de Funcionarios Públicos (modificada) consta de 6 capítulos y 43 artículos, y se centra en la renovación de los mecanismos de reclutamiento, utilización y gestión de los funcionarios. Estipula que la selección, gestión, asignación y uso de los mismos deben basarse en los requisitos del puesto de trabajo, la capacidad y la eficacia laboral.
En particular, el proyecto elimina la implementación de exámenes o evaluaciones para el ascenso de categoría profesional de los funcionarios, al tiempo que innova las labores de contratación al regular claramente la forma de examen competitivo, la selección pública e igualitaria y la forma de admisión de recursos humanos de alta calidad.
Además, permite a las unidades de servicio público elegir proactivamente su método de reclutamiento según su campo de actividad, buscando un modelo de gobernanza moderna y eficiente.
El documento amplía los derechos de los funcionarios, permitiéndoles firmar contratos para realizar actividades profesionales en unidades de servicio público distintas de aquella en la que trabajan por el momento o en otros organismos, organizaciones y entidades no públicas.
En el caso de los funcionarios que trabajan en organismos públicos de ciencia y tecnología e instituciones públicas de educación superior, el borrador les permite aportar capital, participar en la gestión y operación de empresas, trabajar en compañías creadas por dichos organismos o involucrarse en la comercialización de los resultados de investigación generados por estos, con la autorización de sus superiores.
Simultáneamente, el borrador añade disposiciones para alentar y proteger a los funcionarios que se atrevan a pensar, accionar, innovar y asumir responsabilidades por el interés común.
Mientras tanto, el proyecto de Ley de Comercio Electrónico regula 4 modelos de negocios en ese ámbito, a saber: plataformas de negocio directo, de intermediación, con integración multiservicio y redes sociales que realizan comercio electrónico.
El borrador añade regulaciones para gestionar las actividades de venta a través de livestreaming. Exige a los propietarios de las plataformas verificar la identidad del streamer, publicar la información y aplicar mecanismos para el control de contenido de venta en tiempo real. Además, el vendedor tiene la responsabilidad de proporcionar la documentación que demuestre que cumple con las condiciones para la actividad comercial.
También como parte del programa de trabajo del 13 de noviembre, el Parlamento votará las resoluciones sobre el plan de desarrollo socioeconómico y la estimación del presupuesto estatal para 2026.