El encuentro, moderado por Delphine Schantz, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el Sudeste Asiático y el Pacífico, reunió a expertos que coincidieron en que, si bien las criptomonedas aportan beneficios legítimos a la economía digital, también están siendo utilizadas por ciberdelincuentes para actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La recopilación de pruebas digitales y electrónicas representa un desafío creciente para las fuerzas del orden a nivel mundial, lo que hace necesario establecer un marco jurídico unificado que permita investigar, congelar y confiscar activos de forma más efectiva.
En ese sentido, los participantes subrayaron que la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia contribuirá a armonizar las leyes, fijar estándares internacionales y crear una red de cooperación permanente que apoye a los Estados miembros en la investigación de delitos cibernéticos.
Desde el sector privado, Jarek Jakubczak, representante de Binance, destacó que la mayoría de las investigaciones transfronterizas actuales dependen en gran medida de una estrecha colaboración con empresas tecnológicas y plataformas de intercambio digital.
Jakubczak explicó que, en casi todas las investigaciones internacionales en las que ha participado, los datos proporcionados por el sector privado resultan indispensables.
Sin embargo, señaló que los procesos transnacionales suelen ser complejos y pueden desanimar a las autoridades cuando los sospechosos se encuentran en diferentes jurisdicciones. Por ello, consideró esencial que la Convención refuerce la cooperación público-privada para detectar y combatir eficazmente la ciberdelincuencia.
A medida que el ciberespacio se vuelve más sofisticado, fortalecer la cooperación internacional -especialmente entre organismos públicos y empresas privadas- será clave para garantizar la aplicación efectiva de la Convención de Hanói y promover un entorno digital seguro, transparente y resiliente a nivel mundial, enfatizó.
Durante la sesión, un representante del Banco Estatal de Vietnam (BEV) informó que, en 2024, su Departamento Antilavado de Dinero revisó más de 400 transacciones sospechosas vinculadas a activos virtuales, en coordinación con las autoridades competentes para su verificación y actuación conforme a la ley.
El 14 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó la Ley de la Industria de Tecnología Digital, la primera legislación integral del país para regular el sector digital.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2025, el Gobierno emitió la Resolución n.º 05/NQ-CP, que aprobó un programa piloto para el mercado de activos virtuales, sentando así las bases legales para la gestión del creciente sector digital vietnamita.
El BEV reafirmó su compromiso con la recopilación, el análisis y el intercambio de información sobre transacciones sospechosas, el desarrollo de la infraestructura técnica, el fortalecimiento de la cooperación nacional e internacional y la aplicación rigurosa de la ley frente a las infracciones.
