El evento está coorganizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda, la Universidad de Derecho de Ciudad Ho Chi Minh (HCMCULAW) y la Revisión Transnacional de Derecho Penal de la Universidad de Windsor de Canadá.
En su discurso de apertura, el rector de HCMCULAW, Le Truong Son, señaló que el encuentro busca identificar los obstáculos que dificultan la asistencia legal mutua, la extradición y la aplicación del derecho internacional, además de apoyar procesos de reforma legal en toda la región Asia-Pacífico.
El evento también ofrece una oportunidad para impulsar el intercambio de conocimientos, fortalecer la cooperación internacional y construir una red de académicos y expertos capaces de generar respuestas más efectivas frente a los delitos transnacionales, indicó.
Una sesión sobre trata de personas, presidida por el Prof. Andreas Schloenhardt de la Facultad de Derecho Penal de la Universidad de Queensland, analizó el límite borroso entre el contrabando de migrantes y la trata.
Subrayó que la aplicación inconsistente del principio de no castigo a las víctimas genera importantes desafíos para proteger los derechos de las personas explotadas. Aunque ambos delitos tienen características legales distintas, en la práctica suelen superponerse y ser difíciles de diferenciar, especialmente cuando el contrabando se convierte en un paso previo a la explotación.
Anna Głogowska-Balcerzak, de la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Łódź, en Polonia, presentó los esfuerzos conjuntos entre la Asean y la Unión Europea contra la trata de personas y llamó a ampliar programas como la iniciativa “Seguro y Justo”, así como a realizar operaciones de mayor alcance encabezadas por Interpol.
La profesora asociada y doctora Nguyen Thi Phuong Hoa, de HCMCULAW, propuso modificar varias disposiciones del Código Penal y definir con mayor claridad los delitos correspondientes para mejorar la eficacia de las medidas contra la trata.
Durante los dos días, los participantes del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea y los Estados miembros de la Asean abordaron retos teóricos y prácticos, como la diferenciación entre migración ilegal y trata de personas, la cooperación Asean-UE, la subrogación comercial y la prevención de la explotación infantil.
Los delegados plantearon propuestas que incluyeron la creación de un convenio jurídico de cooperación en toda la ASEAN, una mayor asistencia legal mutua en casos de abuso infantil, la eliminación de barreras para la colaboración, el establecimiento de un tribunal internacional anticorrupción, la reforma de la legislación sobre drogas, la ampliación de la responsabilidad penal corporativa y la incorporación del Convenio de Kioto revisado al derecho interno.
Otras recomendaciones destacaron el papel de los abogados en la lucha contra el blanqueo de capitales, la necesidad de integrar consideraciones culturales en los procesos de recuperación de activos, la superación de los obstáculos a la cooperación legal dentro de la ASEAN, la actualización de herramientas para combatir la ciberdelincuencia, el uso del índice de criminalidad organizada, el acceso transfronterizo a datos y el impacto práctico de la recientemente adoptada Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.
