La Ley de Notariado (modificada) consta de ocho capítulos y 76 artículos y entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Proporciona regulaciones sobre notarios, servicios y procedimientos notariales y la gestión estatal del sector.
Uno de los puntos importantes es la regulación de que las transacciones deben ser notariadas, lo cual sólo está estipulado en la ley de manera general para evitar duplicaciones y garantizar la estabilidad del sistema legal. Las transacciones que deban ser certificadas ante notario se determinarán según criterios como la alta seguridad jurídica y estarán especificadas en la ley o prescritas por el Gobierno.
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional también revisó varios artículos del proyecto de ley, incluida la eliminación de regulaciones sobre documentos y procedimientos de certificación notarial, y asignó al Gobierno la tarea de regular estos contenidos en detalle. Al mismo tiempo, en materia de gestión estatal, algunos contenidos han sido claramente estipulados en leyes especializadas, por lo que no es necesario incluirlos en la Ley del Notariado para evitar redundancias.
El proyecto también mantiene obligatorio el requisito de seguro de responsabilidad profesional para los notarios. Después de recibir comentarios de los delegados de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley fue simplificado al reducir dos capítulos, tres artículos y cinco cláusulas en comparación con la versión presentada al Parlamento al inicio del octavo período de sesiones.
