Ese decreto constituye una de las herramientas esenciales para aumentar la oferta de viviendas sociales y mejorar el acceso a casas adecuadas para personas de bajos ingresos, obreros, funcionarios y trabajadores.
El documento, de siete capítulos y 27 artículos, aborda de manera integral cuestiones relacionadas con la creación, la organización, el estatus jurídico, las actividades y la gestión financiera del Fondo Nacional de Vivienda. También define las normas sobre la recepción, la gestión y el uso de contribuciones y ayudas provenientes de organizaciones e individuos, tanto nacionales como extranjeros.
Asimismo, especifica los procedimientos de inversión, construcción y gestión de viviendas sociales destinadas al alquiler, así como los mecanismos de inspección, supervisión y las responsabilidades de los ministerios, sectores y autoridades locales.
De acuerdo con el decreto, el Gobierno creará un fondo central de vivienda bajo la autoridad del Ministerio de Construcción, que se encargará directamente de su gestión. Paralelamente, los Comités Populares provinciales y municipales establecerán sus propios fondos locales de vivienda o reorganizarán/delegarán esta función a algunos fondos financieros existentes, según las condiciones específicas de cada localidad, respetando estrictamente la Resolución 201/2025/QH15 y las disposiciones del Decreto 302.
El decreto también detalla las misiones del Fondo, incluyendo la gestión eficaz de los recursos presupuestarios y financiamientos legales, el cumplimiento de las obligaciones de informes, contabilidad y auditoría, así como la sujeción a inspecciones de las autoridades competentes. El Fondo debe garantizar la gestión estricta de los bienes y terrenos que le sean confiados por el Estado o adquiridos durante sus actividades.
La promulgación del Decreto 302/2025/ND-CP marca un paso importante en la implementación de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional. Establece un marco jurídico unificado para la creación y el funcionamiento del Fondo Nacional de Vivienda, reforzando los recursos dedicados al desarrollo de la vivienda social. Esto contribuye a garantizar la seguridad social y mejorar las condiciones de vida, especialmente para los hogares de bajos ingresos y los trabajadores en áreas urbanas.
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