Los expertos señalan que se trata de un desafío considerable, dado que el gasto en I+D de Vietnam se ha mantenido por debajo del 0,6 por ciento del PIB durante años y depende en gran medida del presupuesto estatal.
La resolución insta a las empresas privadas a convertirse en fuerzas impulsoras del desarrollo de tecnologías clave. Sin embargo, los elevados costes de inversión, los riesgos de comercialización y la incertidumbre jurídica siguen disuadiendo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (pymes), de invertir en I+D.
Según la Asociación de Industrias de Apoyo de Vietnam (VASI), las actividades de fabricación y ensamblaje siguen situadas en los eslabones inferiores de las cadenas de valor globales, caracterizándose por márgenes de beneficio reducidos y una alta vulnerabilidad a ser sustituidas. Aunque la I+D es fundamental para mejorar la competitividad, muchas empresas nacionales se muestran reticentes a realizar esta transición.
Nguyen Huu Yen, subdirector del Servicio de Ciencia y Tecnología de la Ciudad Ho Chi Minh, indicó que las empresas han acumulado 345,1 millones de dólares en fondos destinados al desarrollo científico-tecnológico, pero solo han utilizado alrededor del 33,8 por ciento del total. El reto consiste en transformar estos fondos en recursos prácticos para la innovación, en lugar de dejarlos sin utilizar.
Las nuevas normativas que entrarán en vigor en 2026, incluido el Decreto Gubernamental 320/2025/ND-CP, permiten a las empresas destinar hasta el 20 por ciento de sus ingresos a fondos de desarrollo científico-tecnológico y deducir hasta el 200 por ciento de los gastos reales en I+D al calcular el impuesto sobre sociedades.
A pesar de estos incentivos, las empresas siguen preocupadas por los estrictos requisitos contables y por el riesgo de que las autoridades fiscales rechacen los gastos debido a una documentación insuficiente.
Dinh Hong Ky, presidente del Grupo Secoin, señaló que los complejos procedimientos de liquidación desincentivan a las empresas a invertir en I+D. Las empresas temen que el fracaso de los proyectos pueda derivar no solo en pérdidas financieras sustanciales, sino también en el rechazo de deducciones, el pago de impuestos adicionales y la imposición de sanciones.
Para movilizar capital privado, el Estado debe pasar de un modelo de control de fondos a uno de reparto de riesgos. Un marco jurídico claro debería reconocer que el fracaso es una parte inherente de la investigación científica, permitiendo que los gastos legítimos en I+D sigan siendo deducibles incluso cuando los proyectos fracasan, siempre que el proceso de investigación sea transparente y no esté sujeto a abusos.
Asimismo, resulta fundamental fortalecer los vínculos entre la investigación académica y el sector empresarial. En una reunión celebrada el 14 de octubre, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung subrayó que, para el año 2030, al menos el 50 por ciento de los proyectos de investigación deberían estar vinculados a empresas, dando lugar a productos y resultados tangibles.
Un marco normativo transparente y coherente, junto con mecanismos eficaces de reparto de riesgos, será esencial para incentivar a las empresas privadas a invertir en tecnologías clave, mejorar la productividad y superar el modelo de manufactura de bajo costo, convirtiendo así a la innovación en un verdadero motor del crecimiento económico de Vietnam.
