Si el Parlamento aprueba la legislación, la misma otorgará poderes al Gobierno para detener o eliminar las comunicaciones en línea que allanan el camino para los delitos en el mundo físico, como incitar a la violencia.
La Ley tiene como objetivo cerrar los huecos dejados por la protección de las falsedades en línea y la Ley de Manipulación, que entró en vigor en 2019, así como la Ley de Interferencia Extranjera (contramedidas), que se aprobó en 2021.
Según las últimas cifras de la Fuerza de Policía de Singapur, el número de casos de estafadores y delitos cibernéticos en Singapur alcanzó un máximo histórico de 33,669 en 2022, un alza interanual de 25,2 por ciento.
