En el seminario “Promover la inclusión financiera y las oportunidades de desarrollo empresarial de las mujeres hacia un futuro verde”, organizado por la Confederación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), Tran Thanh Huong, subdirectora del Departamento de Políticas, Entorno Empresarial y Cooperación Internacional de la Agencia para el Desarrollo de las Empresas Privadas y la Economía Colectiva, señaló que el sector privado afronta nuevas oportunidades de desarrollo.
Tras la promulgación, el 1 de mayo de 2025, de la Resolución 68-NQ/TW del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada, en 2025 se registraron en todo el país unas 297 mil 500 empresas de nueva creación o que reanudaron sus actividades. En los primeros ocho meses de 2026, el número de nuevas empresas se acercó a 138 mil 100.
Actualmente, Vietnam cuenta con más de 1,07 millones de empresas en funcionamiento, con un capital registrado superior a 1,25 billones de dólares. Además, unas cuatro mil 200 unidades familiares de negocio se han transformado en empresas.
Según Thanh Huong, esas cifras muestran que la Resolución 68-NQ/TW, junto con las políticas adoptadas por los ministerios, organismos y administraciones locales, está contribuyendo a ampliar el espacio para el desarrollo, eliminar obstáculos y fomentar el espíritu emprendedor.
El vicepresidente de la VCCI, Hoang Quang Phong, señaló que la Resolución 68-NQ/TW amplía el margen de actuación de ciudadanos y empresas en la producción y los negocios, al tiempo que impulsa un desarrollo socioeconómico sostenible.
La eliminación de barreras administrativas, la mejora del entorno de inversión y empresarial y la simplificación de los trámites facilitan que las empresas inviertan, amplíen su producción y elaboren planes a largo plazo, agregó.
Sin embargo, junto con el aumento del número de empresas, el reto clave en la próxima etapa será elevar su calidad y capacidad de crecimiento, enfatizó.
Según Thanh Huong, el sector privado sigue enfrentando numerosos desafíos, entre ellos el debilitamiento de la demanda en algunos de los principales mercados de Europa, Estados Unidos y Asia, el aumento de las tendencias proteccionistas, el encarecimiento de la energía y el transporte, y unos requisitos cada vez más estrictos sobre el origen y la trazabilidad de los productos.
En el ámbito nacional, la racionalización del aparato administrativo, el cambio hacia un enfoque de políticas orientado a promover el desarrollo y las directrices de la Resolución 68-NQ/TW están impulsando una transformación de las políticas de apoyo empresarial: de un enfoque centrado en la cantidad hacia otro orientado a mejorar la calidad del crecimiento, la capacidad de adaptación y el desarrollo sostenible.
El 25 de mayo de 2026, el primer ministro aprobó, mediante la Decisión 926/QD-TTg, el Programa de apoyo al desarrollo empresarial sostenible para el período 2026-2030. El programa contempla apoyo a las empresas en materia de capacitación en criterios ESG, asesoramiento para la transición verde, formación de expertos y conexión con los mercados.
Se prevé beneficiar a 25 mil empresas, unidades familiares de negocio y cooperativas, establecer 20 modelos de referencia y promover las finanzas verdes, la innovación y la integración en cadenas de suministro sostenibles.
Según el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, las políticas de apoyo deben basarse en tres principios: facilitar al máximo las actividades productivas y empresariales, apoyar y fomentar el crecimiento de las empresas tanto en escala como en calidad, y mantener al mismo tiempo un equilibrio con la capacidad presupuestaria.
Cálculos del Ministerio de Finanzas muestran que con el actual número de empresas pequeñas y medianas, el presupuesto estatal destinaría unos 384,61 millones de dólares al año a incentivos consistentes en la exención del impuesto sobre sociedades durante los tres primeros años.
Junto con esa medida tributaria, el organismo encargado de elaborar el proyecto propone elevar el umbral para aplicar un método simplificado de cálculo del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre sociedades, basado en multiplicar los ingresos por el tipo impositivo, con el fin de reducir los costes de cumplimiento.
Las políticas actualmente en elaboración muestran que el enfoque del apoyo empresarial está pasando de facilitar la entrada al mercado a respaldar la expansión de las empresas, la innovación tecnológica, la reducción de costes, la mejora de la gestión y su progresiva consolidación.
