El proyecto busca concretar la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo educativo, garantizar el derecho al aprendizaje y establecer una base legal para aplicar de forma uniforme políticas de apoyo al alumnado, reduciendo los costos y promoviendo la equidad educativa.
La normativa prevé la gratuidad de los libros de texto para estudiantes de educación general y programas de educación continua de nivel de secundaria superior. El modelo se implementará mediante bibliotecas escolares, donde los libros —incluidos los de sistema Braille— serán prestados durante el curso y devueltos para su reutilización.
La lista de libros gratuitos corresponderá a los aprobados por el Ministerio para su uso a nivel nacional.
Según el proyecto, la medida se aplicará en todo el país a partir del curso 2029–2030. Las localidades con capacidad presupuestaria podrán adelantar su implementación, priorizando zonas fronterizas, insulares, áreas de minorías étnicas y regiones con condiciones socioeconómicas desfavorables.
Asimismo, el Estado garantizará materiales gratuitos de la asignatura de Educación de Defensa y Seguridad para estudiantes universitarios y de formación profesional mediante el sistema de préstamo en bibliotecas, a partir del curso 2027–2028.
Los alumnos estarán exentos de pagar tasas por esta asignatura obligatoria, con compensación directa del presupuesto estatal a las instituciones educativas. Esta exención también entrará en vigor en el curso 2027–2028, una vez definidos los criterios técnicos en el curso 2026–2027. No obstante, quienes deban repetir la asignatura no estarán incluidos en esta política.
El financiamiento provendrá del presupuesto estatal, junto con la movilización de recursos legales de organizaciones y particulares, tanto dentro como fuera del país.
El proyecto exige que la gestión, adquisición, distribución y uso de libros se realicen de forma transparente, con mecanismos reforzados de supervisión. Los libros adquiridos con fondos públicos serán considerados bienes estatales, y cualquier irregularidad, como cobros indebidos o mal uso de recursos, será sancionada conforme a la ley.
Finalmente, se priorizará el uso eficiente de los libros existentes y su circulación entre instituciones educativas mediante sistemas de bibliotecas interconectadas, con el fin de optimizar recursos y evitar el despilfarro.
